El plan de la izquierda internacional está en marcha, a fin de controlar el Estado y dilapidar nuestras riquezas, para ello utilizan como fachada a un partido político, a la democracia y la ideología socialista. El hombre ideal para sus pretensiones es Evo Morales, por sus escasas condiciones éticas morales y ausencia de principios, por ello montaron el caso “golpe de Estado”, moviendo las piezas del tablero político, como el fiscal Lanchipa que acaba de cometer uno de los errores más grandes, al realizar un contrato privado de peritaje en nombre del Estado y posteriormente con el resultado de ese informe procedió a “cerrar el caso fraude de las elecciones nacionales de 2019”. Quienes orquestaron esta situación no están dementes para reconocer el informe de la OEA, aun los pongan como la “vergüenza hemisférica”. Para graficar en apretado resumen, son constatadas las siguientes diferencias entre el informe de la OEA y el realizado por encargo del fiscal general Lanchipa:
1) El gobierno boliviano solicitó a la OEA apoyo de peritaje a las elecciones con carácter vinculante. Por su parte, Lanchipa hizo un contrato unilateral con particulares.
2) El peritaje de la OEA fue realizado por 30 expertos en actos eleccionarios. Mientras que el trabajo encargado por Lanchipa fue realizado por 3 personas particulares (dos estudiantes y un profesional).
3) El peritaje de la OEA fue oportuno y en presencia física. El estudio de los particulares españoles fue realizado después de 1 año y 10 meses de las elecciones de 2019, y a distancia.
4) El resultado de la OEA fue completo, trabajado in situ. El resultado de los 3 españoles es solo un micro-informe trabajado en gabinete y a cientos de kilómetros del lugar de los hechos.
5) El informe de la OEA es de carácter vinculante por cuanto así lo estipula el acuerdo escrito entre Bolivia y la OEA. El micro-informe de los tres españoles no forma parte de un proceso judicial, y vulnera procedimientos legales.
6) El informe de la OEA se rige por la buena fe entre los estados; se aplica el principio “pacta sunt servanda” (lo pactado se obliga) y sin costo económico para el Estado. El micro-informe que ordenó Lanchipa a los españoles fue por afán de lucro, tuvo un costo de bs 216.193, para el Estado boliviano.
7) La OEA y UE coinciden que en Bolivia hubo fraude. Según Corchado (jefe del equipo de trabajo español) dice que su misión no era dilucidar si hubo fraude.
8) La OEA cuenta con 35 Estados miembros y la Unión Europea con 27 Estados. Frente a un equipo de trabajo de 3 particulares (un docente y tres estudiantes de una universidad).
Entre el orden jurídico son vulneradas las siguientes normas, además reglas morales o de cortesía: Los artículos: 134, 225.I, 255.I, 410.II de la CPE. Así mismo el numeral 6 del acuerdo entre la OEA y el Estado boliviano, al desconocer el carácter vinculante por parte de las autoridades bolivianas. La Ley 401. Art 4.II en lo referente a los principios generales del derecho internacional: a) la buena fe, y b) consentimiento de las partes; entre otras normas del derecho internacional.
El carácter vinculante que el gobierno se niega a cumplir, debió haber considerado en “reserva” o no tomar en cuenta como cláusula del acuerdo; al respecto, Bolivia pierde credibilidad en el contexto internacional por la falta de seriedad en los compromisos, y por ende los estados de la organización no tendrán la buena voluntad en reciprocidad a la transgresión de normas del derecho internacional.
Este caso montado de golpe de Estado amerita la conformación de una “comisión de la verdad”, combinada con instituciones nacionales e internacionales, ante el accionar del Ministerio Público y justicia, quienes como brazo represor del gobierno transgreden la igualdad jurídica y pisotean la dignidad humana.

L autor es Cnel. (SP), abogado, docente universitario.