La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón se presentó ante la justicia. Tras casi nueve horas de audiencia, la jueza Claudia Castro dejó para este viernes por la mañana la lectura de la resolución. 

Ni el Ministerio Público ni el Viceministerio de Transparenciasolicitaron la detención preventiva para Chapetón. Por lo tanto, la tendencia es que pueda defenderse en libertad, aunque la duda es si es que podría ser suspendida del cargo, como ocurrió con su colega de Cochabamba, José María Leyes, si la jueza dicta detención domiciliaria como lo sugirió la Fiscalía.

El Ministerio Público la acusó por dos delitos: incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado porque no cumplió su misión de proteger los bienes públicos y permitió que un predio municipal pase a un privado para la construcción de un surtidor. El Viceministerio de Transparencia consideró que hubo resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

Entre los riesgos procesales, la Fiscalía pidió que se ejerza el derecho a la defensa en libertad, aunque solicitó arraigo.

Ante una posible obstaculización, debido a que los implicados trabajan o trabajaron en el gobierno municipal de El Alto, sugirió que  la jueza tome recaudos al respecto.

Destacaron que no solicitaron detención preventiva, pero remarcaron que hay riesgos procesales. Sugirieron una detención domiciliaria, “de ser necesario, para que el proceso no sea obstaculizado y que los imputados no puedan abandonar el país”. 

El abogado del Viceministerio de Transparencia evaluó que el 1 de junio de 2015, Chapetón asumió el cargo y adquirió obligaciones concretas. 

Desmintió que hubiera un interés político, si no apego al cumplimiento de las normas. Recordó que en 1991, la Alcaldía pasó un área privada a otra, como “de equipamiento”.  Luego se emitió la resolución 35/2016 que consolidó la autorización para un surtidor en una superficie de 1.507 metros, en la zona de Río Seco, sector denominado como Yunguyo.

Además no ingresó en el área de rezonificación, tal como estaba estipulada en el documento.

Esa resolución se constituyó en un acto que llevó al incumplimiento de deberes, porque la alcaldesa cometió una omisión directa. Eso justificó para ellos el incumplimiento de deberes, por la inobservancia de los procesos.

Luego mostró fotos de una inspección en la que se acredita que el espacio ya funciona como una gasolinera. “La alcaldesa no veló por los recursos del gobierno municipal. La naturaleza de la acción es la comisión por omisión de resultado y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes”.

Solicitó que se certifique probabilidad de autoría y pese a que en un memorial presentado antes de la audiencia se solicitó la detención domiciliaria, en la audiencia de anoche solamente pidió la presencia de los imputados cada 15 días y que se garantice su presencia en el proceso.

Por su parte, los abogados de la alcaldesa y de otros implicados dirigieron la defensa a desvirtuar la comisión de los delitos. 

Señalaron que la imputación fue imprecisa. “El abogado de Transparencia hizo una lectura de normas, pero no sustentó la participación  en los ilícitos”, aseveró uno de los defensores y conminó a la jueza: “El control es usted”.

La resolución 35/2016, con la que supuestamente se entregaron los predios para la construcción de la gasolinera, no podía servir para el objeto que le atribuyeron, señalaron los defensores. “Estamos frente a un proceso administrativo que es mucho más dúctil. Hay normativas como reglamentos que permiten este tipo de procedimientos. Cómo podría ser ilegal una acción permitida por una ley, es un contrasentido”, señaló uno de los defensores.

Se refirieron a la imputación y admitieron que la resolución 35 se abrogó con la 67/2016. “La que es el principal sustento de esta acusación ya no está vigente, por lo que la imputación formal carece de motivación”.

Otro jurista aseguró que la audiencia se centró en señalar como un acto ilícito la emisión de una resolución. En este caso, no transfirió un bien porque fue producto de una solicitud de zonificación emitida por el presidente de la junta de vecinos,tras una labor de socialización, para que esa área cumpla esa función.

La 035 habla de un término “consolidado, lo cual no significa transferir absolutamente nada, justifican. Además, el predio funciona como surtidor, pero ese negocio funciona no desde la gestión de Chapetón, sino hace 10 años, lo cual echa por tierra cualquier tipo de acusación y libra de culpa a la gestión de la burgomaestre”.

Todos presentaron documentación que acredita la existencia de familia, de trabajo (aunque todos son o fueron funcionarios de la Alcaldía) y de domicilio.

El oficialismo

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera afirmó ayer que la oposición boliviana tiene una "moral invertida y prostituida", al referirse al apoyo que recibió la alcaldesa Chapetón.

Aprehenden a José Miguel Padilla, implicado en el caso mochilas del municipio de Cochabamba

El Ministerio Público ordenó la aprehensión de José Miguel Padilla, implicado en el caso denominado Mochilas, que se encontraba en Santa Cruz.

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó de que este ciudadano será imputado en las próximas horas por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en la función pública e incumplimiento de deberes. Asimismo, señaló que se brindará todas las medidas de protección que se requieren en este tipo de casos.

Padilla fue secretario de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Cochabamba y se encontraba prófugo desde hace casi tres meses. El 2 de abril solicitó vacaciones y después presentó su renuncia. Es investigado por el presunto sobreprecio por la compra de mochilas escolares.

En la jornada

Retraso
La audiencia se instaló a las 16:15. Primero se resolvieron otros incidentes. El diputado opositor Rafael Quispe se retiró de la audiencia e indicó que no entrará en el juego del Gobierno de suspender de su cargo a la alcaldesa alteña. 

La cautelar
La audiencia cautelar formal se inició tres horas después de la hora prevista. La jueza Claudia Castro declaró inadmisible un incidente de actividad defectuosa presentado por la defensa de uno de los implicados, que observó falencias en el procedimiento de la imputación presentada por la Fiscalía, principalmente en el cumplimiento de los plazos.