Los delitos de corrupción no prescriben y los involucrados, ex y actuales autoridades, deben responder por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Esa posición fue expresada ayer por el diputado Víctor Borda (MAS) y el constitucionalista Marcelo Viruez.

Ambos manifestaron, por separado, que no hay persecución política porque afecta tanto a opositores como oficialistas.

Antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, expiraba el delito de corrupción, por lo que muchos casos quedaron en la impunidad, explicó Borda.

Al procesamiento del expresidente Jorge Tuto Quiroga (por contratos de venta de gas) se añade Carlos Mesa, por el caso Quiborax, y el diputado considera que debe responder por la forma en que procedió a revertir las concesiones a la empresa chilena, lo cual le significó un daño económico al Estado de 42,6 millones de dólares por el pago de indemnización.

Exministras involucradas en el caso del Fondo Indígena, el exalcalde alteño Édgar Patana, por supuestamente haber hecho desaparecer vehículos, están detenidos, y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, involucrado en el caso Mochilas, con medidas sustitutivas; el exprefecto de Beni Ernesto Suárez está en libertad; la exalcaldesa de Sucre Aidé Nava, con más de 11 procesos penales por corrupción, está libre.

La Constitución establece que los delitos no prescriben, dijo Viruez, y antes que persecución política, lo que la ciudadanía desea es que se esclarezcan estos hechos. “No sólo exautoridades, sino actuales y de todos los niveles están siendo procesados sin ningún tipo de proteccionismo”, añadió.