La mentira como política de gobierno del oficialismo ha llegado a un extremo tal de mala fe que, más allá de la vergonzosa circunstancia, pone al Estado boliviano en una situación de descrédito internacional.

Altos funcionarios estatales niegan la calidad de vinculante del informe que la OEA emitió –como resultado de un “Análisis de Integridad Electoral” solicitado por el Gobierno de Morales– sobre las elecciones de octubre de 2019. Y lo hacen a sabiendas de que esa auditoría se realizó por un acuerdo, firmado por el representante de ese organismo internacional y el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo punto sexto dice: “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos Partes”.

El empeño por imponer el embuste llega al extremo de que la Cancillería anuncia un reclamo en el Consejo Permanente de la OEA contra su Secretario General, porque éste ha ratificado que en los comicios de 2019 el expresidente Morales se benefició de irregularidades, de “una manipulación dolosa”, es decir: fraude.

Esa ratificación surgió en respuesta al informe pericial encargado por la Fiscalía del Estado a un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, cuyas conclusiones sirvieron de argumento para cerrar el caso del fraude descalificando así el análisis de la OEA.

Esta actitud del oficialismo no es excepcional, pues la difusión de informaciones engañosas, verdades a medias, distorsión de datos sobre lo sucedido en la crisis de octubre-noviembre de 2019 y durante los 11 meses del Gobierno transitorio es una práctica tan frecuente como común a todas las autoridades del Ejecutivo, los asambleístas del MAS y los dirigentes y exfuncionarios de ese partido.

Todo ello, con el propósito de borrar el oprobioso fraude electoral de octubre de 2019, suplantándolo por su imaginario “golpe de Estado”, empeñándose en llamar “de facto” al Gobierno transitorio y negando la constitucionalidad de la sucesión presidencial como efecto del vacío de poder provocado por la renuncia de Morales, García y los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea.

Ese bombardeo sostenido de información falsa o engañosa –y a veces inverosímil–, esa práctica de la mentira como política de Estado ya eran evidentes meses antes del fraude electoral. La evidencia está en las publicaciones de prensa de Los Tiempos y otros medios que dan cuenta de las cerca de 50 renuncias, bajo presión, de funcionarios del TSE y del Sereci, entre ellos, vocales y técnicos calificados en procesos digitales, además de la actitud condescendiente del Órgano Electoral respecto de Morales.

La mentira sistemática del masismo para conservar y ejercer el poder no puede esconderse con más embustes y ahora alcanza una dimensión de vergüenza internacional.