El diputado Rafael Quispe (UD) desistió de su demanda contra la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por transferir un terreno municipal a un privado y anunció que se sumará a denuncia interpuesta por la autoridad edil contra la ministra de Culturas, Vilma Alanoca, y tres funcionarios de ese despacho por acoso político.

Entretanto, el Gobierno mediante el Ministerio de Justicia se sumó al proceso agravando la situación de la Alcaldesa, para quien pidieron detención preventiva.

“Presento desistimiento puro y simple a favor de la ciudadana Soledad Chapetón Tancara, porque la misma es objeto de una tramoya política y conspiración e inclusive extorsión”, señala parte del memorial que Quispe presentó ayer unas horas antes que se instale audiencia en el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz, a cargo de Claudia Castro.

Quispe se presentó a dicha audiencia y abandonó sólo minutos después, que la misma se instalara y se conociera la presentación de los incidentes formulados por parte de la defensa de Chapetón.

Según el diputado Quispe, el caso fue contaminado con intenciones políticas, en alusión al apersonamiento del Viceministerio de Transparencia en el caso, que pretenden defenestrar a una autoridad municipal que fue electa con el voto del pueblo.

Indicó que autoridades del Gobierno pretenden manosear el caso e impulsar un “un golpe institucional”.

Quispe no logró explicar en qué quedaría el supuesto hecho delictivo que denunció, pero aseguró que la Fiscalía debe continuar investigando y sancionar si se halla algún tipo de responsabilidad.

INCIDENTE

Por su parte, Suleika Lanza, abogada de Quispe, confirmó que en la audiencia se desarrollaba el análisis de un incidente de actividad procesal defectuosa presentado por la defensa de los denunciados.

En horas de la noche, se conoció de manera preliminar que los mismos fueron rechazados por la juez Castro que luego dio paso a la audiencia de medidas cautelares.

Chapetón fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, delitos por los que la Fiscalía había solicitado medidas sustitutivas pero luego de la intromisión del Gobierno se especula con el encarcelamiento de la primera autoridad de El Alto.