Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 11 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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A través de una nota de prensa, la Fiscalía General del Estado matizó las correcciones que pidió a la pericia que realizó el consultor español Juan Manuel Corchado y calificó las mismas de “complementaciones” del documento.
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A través de una nota de prensa, la Fiscalía General
del Estado matizó las correcciones que pidió a la pericia que realizó
el consultor español Juan Manuel Corchado y calificó las mismas de
“complementaciones” del documento.
Las declaraciones corresponden al jefe de comunicación de la
Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, quien dijo que el dato de las
siete versiones distintas “es totalmente falso, porque lo que se pidió
fue complementaciones de información como cualquier trabajo de consultoría,
producto que se realizó de forma honesta y transparente desde la Comisión de
Profesionales y Científicos de la Universidad de Salamanca”, señala la nota de
prensa.
El periódico español Ok Diario publicó una nota este miércoles
en la que afirman que el autor de la pericia fue asesor durante el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, en ese reporte indica que el documento
entregado al Ministerio Publico boliviano tuvo siete correcciones y
que se pidió confidencialidad del trabajo.
En la nota de prensa de la Fiscalía aseguran que Corchado
envió una carta al periódico español para que se retracte de los datos de
esa nota porque él nunca fue asesor de ningún político y que sus trabajos
fueron en pujas abiertas de distintas modalidades.
La Fiscalía también aclaró que no existe
confidencialidad alguna porque la pericia española fue distribuida y entregada
a las 17 partes que forman parte del proceso de investigación,
"por lo que se da cumplimiento a la legislación boliviana y el debido
proceso".
El catedrático español desde su residencia aclaró también
que el monto que pagó la Fiscalía boliviana fue abonado a la
fundación de la Universidad de Salamanca y no lo benefició personalmente.
Cuando Corchado y los dos universitarios acabaron el
polémico informe, la persona que lo recibió fue la fiscal Rocío Feraudi.
Casualmente, se trata de la fiscal que archivó la investigación de los pagos de
1,6 millones de dólares a la consultora Neurona durante el gobierno de Evo
Morales. Unos pagos que afectaban de lleno a la cúpula española del partido de
Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos (partido político
español de izquierda).
