La Fiscalía de Bolivia solicitó en siete ocasiones modificaciones al informe con el que ahora se pretende eliminar el proceso por el fraude en las elecciones generales de 2019, según una investigación realizada por el periodista español Alejandro Entrambasaguas y publicada en Okdiario. En el Ministerio Público admiten que efectivamente en siete ocasiones enviaron solicitudes de complementación, en respuesta a requerimientos del equipo que realizó la pericia, conformado por el profesor Juan Manuel Corchado y dos estudiantes universitarios.

Este contrato fue suscrito el 22 de abril de 2021. Ese día entró en vigencia el acuerdo entre la Entidad (la Fiscalía General del Estado) y el Proveedor (Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Universidad de Salamanca). El informe debía desarrollarse en un plazo de ejecución máxima de 50 días calendario.

En conversación telefónica con EL DEBER, Entrambasaguas señaló que quienes realizaron la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes durante las elecciones generales de 2019, el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, enviaron a la Fiscalía siete versiones del documento en las siguientes fechas: el 6 de mayo, el 7 de mayo, el 11 de mayo, otro en la misma fecha, el 25 de mayo, el 2 de junio, el 11 de junio y el 28 de junio de 2021.

El director de comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, desmintió que la Fiscalía hubiera pedido cambios al documento final. “Esa es una conclusión completamente ridícula. Lo que se hizo, y efectivamente así ocurrió en siete ocasiones, es que enviamos complementaciones de información. No fueron siete versiones, sino siete complementaciones a la información para mejorar el informe. Hay que aclarar que no fue la Fiscalía la que la pidió, sino Corchado”.

En la cláusula novena del contrato entre ambas partes se señala que el monto de ejecución del servicio es de Bs 216.193,05 ($us 31.076). La cantidad acordada fue desembolsada un 30% a la suscripción del contrato y el 70% a la presentación del informe final y complementario, y con la aprobación del servicio de pericia por la contraparte técnica y el informe final de conformidad.

El Proveedor se comprometía a presentar a la Entidad, para su revisión en versión definitiva, los productos de la ejecución del servicio mediante informes “con fecha y firmados”.

El documento señala que la contraparte, “una vez recibidos los productos del servicio, los revisará en forma completa, así como otros documentos que emanen del mismo y los hará conocer al Proveedor su aprobación, o en su defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos, la contraparte deberá comunicar su decisión respecto a los productos en el plazo máximo de 15 días calendario, computados a partir de la fecha de presentación”.

Además, el contrato estipula que quien realiza el informe no se pronunciará respecto al tenor de las observaciones, “se aplicará silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados”, advierte.

La nota señala que el informe sobre el fraude fue clasificado como “confidencial” y tuvo siete versiones distintas. La primera de ellas se realizó el 6 de mayo de 2021 y la última el 28 de junio de ese mismo año. Tras los múltiples cambios, Corchado y la Fiscalía pactaron una prohibición para difundir la pericia.

Juan Manuel Corchado pactó con la Fiscalía de Bolivia que nadie pudiera tener acceso a su informe. Sin embargo, el profesor español -asegura Okdiario- no ha cobrado nada de los $us 31.076. “Yo no me he enriquecido económicamente con esto, el dinero lo cobró la Fundación de la Universidad de Salamanca”, explicó.

El informe consta de 240 páginas. Además de Corchado, en la elaboración de este documento participaron dos universitarios veinteañeros: los estudiantes Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez.

Cuando el profesor y los dos universitarios concluyeron el informe, la persona que lo recibió fue la fiscal Rocío Feraudi, próxima a Evo Morales. Se trata de la fiscal que archivó la investigación de los supuestos pagos de $us 1,6 millones de Evo Morales a la empresa consultora Neurona. Unos pagos que afectaban de lleno a la cúpula del partido de Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.

Tarquino pidió que se le reste credibilidad “a un tipo (Entrembasaguas) que tiene varios procesos en Madrid, España, como en Bolivia. La pregunta clave es saber qué hacía este señor extranjero, el 23 de enero de 2020, por la mañana, entrando y saliendo de las instalaciones del Banco Central de Bolivia, ni los bolivianos tenemos acceso a las bóvedas, y él sí. Tiene un proceso en el país por racismo e incitación al odio, por decir que la gente que votó por el MAS en el área rural es ignorante y lo hace porque no tiene acceso a un celular para informarse”.

Rodríguez Zapatero

La nota de Okdiario también reveló que el autor del peritaje, el profesor Corchado, fue asesor del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue aliado del extinto expresidente venezolano Hugo Chávez y defensor de la gestión de Nicolás Maduro, en Venezuela.

El paso de Corchado quedó registrado en uno de los currículums vitae oficiales que constan del profesor de la Universidad de Salamanca ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, Corchado se desvincula totalmente de los servicios que prestó en calidad de asesor científico cuando Okdiario le preguntó si ha tenido alguna relación con algún partido político o algún Gobierno. “No. Es falso”, repite a ese periódico en tres ocasiones.

Al respecto, el director de comunicación de la Fiscalía general señaló que “en la misma nota que Entrambasaguas escribe, señala que el profesor Corchado negó esa situación, y esta afirmación que hace en la nota no tiene respaldo alguno”, pero no toma en cuenta que el dato figura en el currículum del profesor.

La OEA ratificó el martes la “manipulación dolosa” de los datos electorales de 2019 que halló en la auditoría vinculante que solicitó el propio Evo Morales.

El documento emitido ese día por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, también cuestiona los resultados de la pericia informática que la Fiscalía de Bolivia encargó precisamente al académico Juan Manuel Corchado.