El informe sobre pericias a las elecciones de 2019 que realizó el docente universitario Juan Manuel Corchado, exasesor del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que usó la Fiscalía para cerrar el caso fraude electoral, sufrió múltiples cambios por lo que se pactó una “prohibición para que la pericia no pudiera ser difundida”, según reportó OkDiario de España. El jefe de comunicación de la Fiscalía General negó el extremo.

“Este informe al que ha tenido acceso OkDiario, está repleto de polémica. Fue clasificado como “confidencial” y tuvo siete versiones distintas. La primera de ellas se realizó el 6 de mayo de 2021 y la última el 28 de junio de ese mismo año. Tras los múltiples cambios, Corchado y la Fiscalía pactaron una prohibición para que la pericia no pudiera ser difundida. Por este trabajo, el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, pagó 30.000 dólares”, se lee en la nota.

Según refiere el medio, el documento elaborado por Corchado y dos universitarios “veinteañeros” Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez, consta de 240 páginas y se titula Pericia de las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia de 2019.

“Cuando Corchado y los dos universitarios acabaron el polémico informe la persona que lo recepcionó fue la fiscal Rocío Feraudi, próxima a Evo Morales. Casualmente se trata de la fiscal que archivó la investigación de los pagos de 1,6 millones de dólares de Evo Morales a la consultora Neurona. Unos pagos que afectaban de lleno a la cúpula del partido de Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos”, se lee.

El medio español refiere que el año 2010, Corchado ocupó el cargo de director adjunto de la coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección General de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, un organismo científico público dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el momento en que Corchado fue contratado como experto su jefa fue la entonces ministra socialista Cristina Garmendia.

En conferencia de prensa en semanas precedentes, el fiscal general Juan Lanchipa, aseguró que se cerró el caso de fraude electoral porque no encontraron manipulación.

“Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019. También se demuestra que los sistemas y las bases de datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y del Cómputo Oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, fueron completamente independientes”, dijo Lanchipa en la oportunidad.

“FUE TRANSPARENTE”

El jefe de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General, José Luis Tarquino, a través de un boletín de prensa aclaró que el documento no es confidencial y que tuvo modificaciones como en cualquier trabajo.

“Lo que se pidió fue complementaciones de información como cualquier trabajo de consultoría, producto que se realizó de forma honesta y transparente desde la Comisión de Profesionales y Científicos de la Universidad de Salamanca”, se lee en el boletín.

“Habla de un pacto o prohibición para que la pericia no pudiera ser difundida, cuando se trata de una consultoría y el producto final fue entregado a la Fiscalía que lo ha distribuido a las víctimas y querellantes. No hay ningún pacto, se cumple la legislación boliviana y los procesos de contratación”, dijo Tarquino.