Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 11 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El profesor de la Universidad de Salamanca y encargado del
trabajo solicitado por el Ministerio Público para peritar el supuesto fraude
electoral, Juan Manuel Corchado, trabajó como exasesor del gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, y el trabajo que elaboró a pedido del Ministerio
Público debía ser "confidencial".
Durante el 2010, Corchado fue coordinador de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación del país ibérico, reportó con documentación el medio
español OK Diario.
De acuerdo con la documentación presentada por ese medio,
Corchado fue “Adjunto a la Coordinación del área de Transferencia de Tecnología
de la Subdirección de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva” al interior
del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, hasta el 31 de julio de 2010.
Corchado logró además obtener financiamiento gubernamental para al menos tres proyectos del Ministerio de Industria, según OK Diario.
El primero de ellos, en 2007 fue destinado para la
realización de un proyecto llamado “Aliado”, que tuvo un costo de 456.000
euros. Otro proyecto llamado “Open distributed architecture based on agent
technology for heavy processing”, ejecutado en 2008, tuvo un costo de 491.000
euros. Por último, también en 2008, el proyecto denominado “Enne Community
Platform” (EPC) tuvo un costo de 789.000 euros.
Asimismo, otra documentación señala que el trabajo elaborado
por la casa de estudios superiores española, titulado “Pericia de las
elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia de 2019”, tenía
carácter “confidencial” y no debía difundirse “sin permiso expreso”.
“Este documento es confidencial y la información que
contiene no puede ser copiada, modificada ni distribuida sin permiso expreso”,
precisa el documento de la pericia; que clasifica el contenido como
“confidencial”.
El trabajo de investigación realizado entre mayo y julio de
este año tuvo un costo que superó los 213.000 bolivianos.



