Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 11 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El director de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB),
monseñor Ricardo Centellas, recordó este miércoles que la auditoría realizada
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones
generales de 2019 era de carácter vinculante, por lo que cualquier declaración
que diga lo contrario es una contradicción.
“Creo que todos conocemos la solicitud para que haga el
trabajo la OEA y en esta solicitud, la expresión está bien determinada. Se hace
el trabajo, se hace la auditoría para que sea vinculante, entonces expresar que
ahora no es vinculante es una contradicción”, apuntó el arzobispo a Correo del
Sur.
Las declaraciones de Centellas se producen un día después de que la Fiscalía General del Estado desconociera el carácter vinculante de la auditoría de la OEA, pese a que hay un acuerdo entre el entonces Gobierno de Evo Morales y ese organismo internacional al respecto.
“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio
más dentro del proceso de investigación y no es vinculante”, sostuvo Edwin
Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado.
Al respecto, el religioso expresó su deseo de que no sea una
declaración oficial, ya que, asegura, hace quedar mal al país ante la comunidad
internacional.
“Esperemos que eso no sea oficial porque, ante las
instituciones internacionales Bolivia no queda bien. Me parece que hay que
respetar los acuerdos iniciales por formalidad y por respeto a uno mismo y al
país que es Bolivia”, indicó.
El lunes, la Secretaría de la OEA difundió un documento en
el que identifica 12 deficiencias, ocho omisiones y cuatro contradicciones en
la pericia española con la que la Fiscalía decidió cerrar el caso fraude. Por
otro lado, reiteró su postura sobre los hallazgos de su auditoría y
sostuvo que “ninguna democracia aceptaría un proceso electoral” como el de
2019, debido a la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la
destrucción de evidencia informática y material que se registró.
Al respecto, Quispe sostuvo que el Ministerio Público no se
pronunciará sobre “un documento de carácter político” y agregó que la Fiscalía
“tiene por cerrado y resuelto este tema”.
El punto 6 del acuerdo, suscrito el 30 de octubre de 2019
entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Diego Pary, entonces canciller,
señala que el resultado de la auditoría “será vinculante”.



