Los conflictos por el oro en el norte paceño y la tierra en la Chiquitania cruceña son sólo un recordatorio de los profundos conflictos vinculados a la minería y a la distribución de la tierra que aún siguen irresueltos desde hace décadas; la fragilidad de las instituciones -mostrada a carne viva en el Tribunal Electoral o la Administración de  Justicia- sumada a la crisis económica endurecida por la pandemia con su correlato de que el retorno a la normalidad pueda tardar todavía mucho tiempo, están sembrando el camino para confrontaciones políticas y sociales, mayores y permanentes.

Mientras, en la cabeza de los líderes políticos, al tener su fuerza basada en la polarización proceden al reforzamiento de sus núcleos duros preparándose para la gran batalla en la que pretenden someter al adversario y doblegarlo. Pero como señalamos en una columna anterior, el sometimiento de medio país sobre la otra mitad, no parece ninguna probabilidad.    

No solamente hablamos de una improbabilidad real, sino también de la improbabilidad en los imaginarios colectivos. Los líderes políticos y sus entornos suelen pensar que imponiendo su verdad hoy, lograrán mejores resultados electorales mañana, sin constatar los enormes daños producidos a las sensibilidades colectivas por el enfrentamiento político y que claramente se ha extendido a la sociedad en su conjunto pues la polarización de los líderes, de los partidos y sus adherentes también ha tenido eco en los conglomerados sociales urbanos y rurales. Y al final, se convierte en el círculo vicioso donde las bases presionan a los líderes, los líderes a las bases y de ahí a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, la diferencia entre los líderes políticos y la sociedad es que ésta última entiende y comprende perfectamente que vivimos en un país diverso e intercultural y donde a pesar de ello, es imprescindible convivir juntos hayamos nacido en el altiplano, en el oriente, en los valles o en las provincias o ciudades.

Y esa convivencia implica, en el sentido común de la gente, llegar a acuerdos y consensos esenciales para el futuro inmediato y a largo plazo del país. Acuerdos sobre la administración de justicia en primer lugar, sobre su rol actual para la sociedad y en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y sobre todo del fortalecimiento de la democracia. Pero para abordar esta cuestión crucial para el Estado, primero habrá que acordar un escenario de justos juicios para todos sobre quienes pesan acusaciones de violación a la Constitución y violación a los derechos humanos. Efectivamente, este podría ser el primer paso para iniciar un diálogo fructífero y que permita además abocarse paralelamente a la atención de la pandemia mundial (con lugares donde no hay vacunas y con gente queriendo vacunarse y lugares con vacunas y donde la gente no quiere vacunarse) y obviamente, la difícil situación económica y su consiguiente recuperación urgente y necesaria.

Pero si la búsqueda de justicia y la administración de justicia en sí misma son asuntos prioritarios para el Estado y la sociedad, lo son también la discusión y concertación acerca de los recursos naturales, su industrialización y la producción agrícola e industrial incluyendo los biocombustibles y la producción de alimentos genéticamente modificados.

Lo propio con la minería y su explotación irregular en muchas regiones del país o la provisión de agua potable aún escasa para muchos bolivianos.

La verdadera institucionalización de las entidades públicas estratégicas para el funcionamiento del Estado, las que ejercen control o las que están destinadas a proteger a los ciudadanos como la Policía Nacional.

La situación de las empresas estatales y por supuesto el rol que debe jugar el sector privado en la economía nacional. 

El sistema de salud con competencias disgregadas y organización ineficiente en todos los niveles de gobierno y la educación, que aún se encuentra lejos del nivel educativo de nuestros países vecinos y peor, de la media mundial.

Superada la crisis y la confrontación política, ojalá pueda definirse al menos una agenda temática que permita sentar a los líderes y todos los sectores económicos y sociales del país para acordar una agenda de Estado y de futuro.