El Movimiento Al Socialismo ganó las elecciones nacionales con el 55,11% de respaldo en las urnas y eso nadie lo discute. El dato es tan real y concreto como el hecho de que el 44,89% de los bolivianos no estuvo de acuerdo con esa decisión.

Como corresponde en un país democrático, ese 44,89% se sometió respetuosamente a la decisión de la mayoría y este partido retornó al poder con Luis Arce a la cabeza, quien ahora tiene la obligación de respetar también a quienes creen que su elección no fue la mejor.

La cómoda victoria del MAS le dio derecho sobre la conducción del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pero no le dio derecho propietario sobre el país y sus instituciones, como al parecer interpretan algunos de sus dirigentes y autoridades, en especial aquellos que han comenzado a flotar embelesados con el poder. Lo que necesitan es poner los pies en la tierra para darse cuenta que eso no se consigue ni con el 110% de apoyo.

Además de haber loteado la administración pública y repartido cargos entre familiares de sus dirigentes (una práctica de todos los gobiernos, unos más que otros) algunos masistas también han dispuesto el uso de bienes públicos para asuntos políticos, han manipulado el aparato judicial con el mismo fin y, últimamente, han cerrado el paso a dependencias del Legislativo al jefe de la principal fuerza de la oposición, el expresidente Carlos Mesa.

La primera vez fue el 16 de junio, cuando el líder de Comunidad Ciudadana, quien hasta entonces había dado varias conferencias de prensa en el viejo Palacio Legislativo, fue impedido de presentarse en el hall de esa infraestructura, donde junto a los miembros de la bancada de su partido iba a referirse a la convocatoria judicial para que declare en el caso “golpe de Estado”.

El argumento de los miembros de seguridad fue que no era legislador y que estas intervenciones habían sido limitadas únicamente para los representantes nacionales. Mesa tuvo que dar su conferencia en el ambiente destinado a la segunda vicepresidencia, que por reglamento ocupa su partido.

En marzo las oficialías mayores de las cámaras de Diputados y Senadores habían emitido el comunicado 001/2020-2021 disponiendo que toda conferencia de prensa debería ser coordinada con las direcciones de comunicación.

El comunicado señala, además, que las conferencias de prensa dentro del Legislativo “únicamente están permitidas a autoridades electas de la Asamblea Legislativa Plurinacional” y complementa: “en caso que los asambleístas tengan invitados ajenos a la institución, éstos deberán contar con el respectivo permiso de ingreso autorizado por autoridad competente”.

En el caso del 16 de junio, CC no había cumplido con esta exigencia, lo que aparentemente sí hizo el MAS siete días después, el 22 de junio, cuando el senador Leonardo Loza y la Confederación Nacional de Artistas y Músicos Profesionales de Bolivia ofrecieron una conferencia en la Cámara Alta para anunciar un proyecto de ley en beneficio de ese sector.

Pero el lunes, una vez más, cerraron las puertas a Mesa, esta vez cuando, conjuntamente los legisladores de su partido, intentaba, al igual que los artistas, presentar un proyecto de ley (uno referido a la situación económica del país). Los legisladores de CC aseguran que esta vez cumplieron con las disposiciones del comunicado 001/2020-2021.

Si es así, queda claro que aquí no se trata de una celosa disposición de uso de ambientes legislativos, sino de un acto de acoso contra el jefe de la segunda fuerza política con representación legislativa, que además trasluce ese sentimiento propietario de los bienes del Estado que tienen algunos miembros del MAS.

Para colmo, en una postura innecesariamente provocadora, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha señalado que Mesa está “muy mayorcito” como para asumir una posición “infantil” al quejarse por no haberle permitido acceder a la sala de prensa. 

Lamentable la reducción que hizo Rodríguez, porque el fondo de la queja no tiene que ver con un capricho, sino con el uso de los bienes del Estado y los derechos que tienen sobre ellos las mayorías, pero también las minorías. No admitir ello implicaría, además de un distorsionado sentimiento propietario, una postura autocrática.