La Fiscalía General del Estado reveló que varias veces solicitó a la OEA, vía Cancillería boliviana, que amplíe y sustente su informe sobre las elecciones de 2019, pero el organismo nunca respondió de manera oficial y sólo difundió comunicados que no son vinculantes y carecen de firma responsable, que habrían permitido al Ministerio Público conocer el sustento técnico de los documentos emitidos por la entidad internacional.

Esas declaraciones fueron emitidas este miércoles por el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, quien fue entrevistado en el programa Contra Golpe, de radio Patria Nueva.

El Fiscal indicó que se tomó conocimiento de los contenidos del documento de la OEA respecto a las elecciones generales de 2019 mediante la red internet, pero nunca de manera oficial, pese a que se solicitaron esos documentos.

“El informe de la OEA y los pronunciamientos a los cuales hemos tenido acceso fue vía internet, porque la OEA jamás ha respondido de manera oficial los requerimientos que se han realizado vía Cancillería”, indicó.

En una entrevista con La Razón Digital, Quispe añadió: “Hemos requerido no una, sino muchas veces a través de la Cancillería, entonces estaba la exministra (de Relaciones Exteriores) Karen Longaric; hemos solicitado, nunca nos ha respondido de manera oficial la OEA; no hemos recibido ese pronunciamiento, pese a que nosotros (los fiscales) hemos usado los canales (el Ministerio de Relaciones Exteriores), a través de ello hemos solicitado y no hemos tenido respuesta”.

Quispe indicó que la Fiscalía evidenció que esos documentos de la OEA “no los firma nadie”, por lo que no existe una persona que se haga responsable directa de ese contenido “a quien le podamos pedir cuentas de la metodología, de la forma de la muestra o por lo menos del procedimiento que hubiera empleado para emitir estos pronunciamientos”.

Sin embargo dejó en claro que esos pronunciamientos no son vinculantes, como sí lo son una ley de Bolivia o resoluciones de organismos judiciales competentes.

“Para nosotros, vinculante es una ley, un decreto o algo que sea oponible a terceros y que involucre al conjunto de bolivianas y bolivianos. El informe de la OEA no goza de esa característica”.