Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 12 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Ante los intentos por cerrar el caso fraude electoral en
base a una pericia informática encargada por la Fiscalía General del Estado
(FGE) a la Universidad de Salamanca, el presidente de la Conferencia Episcopal
de Bolivia (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, señaló que desconocer el carácter
vinculante de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos
(OEA) al proceso electoral anulado del 2019 es una contradicción.
El representante de la Iglesia Católica en Bolivia sostuvo que, tras el acuerdo de 2019 entre el Estado boliviano y la OEA para la realización de la auditoria al proceso electoral posteriormente anulado por fraude, el carácter vinculante de este estudio debe ser respetado y no anteponer otras investigaciones de menor alcance.
“Creo que todos conocemos la solicitud para que haga el trabajo la OEA y en esta solicitud, la expresión está bien determinada. Se hace el trabajo, se hace la auditoría para que sea vinculante, entonces expresar que ahora no es vinculante es una contradicción” manifestó Centellas en conferencia de prensa.
Señaló que la imagen del país queda afectada en caso de que se desconozcan los acuerdos con organizaciones internacionales después de haber solicitado la realización de estudios de carácter electoral, por lo que los anuncios de relegar la importancia de la auditoría de la OEA por parte de la Fiscalía deben ser considerados seriamente.
“Esperemos que eso no sea oficial porque, ante las
instituciones internacionales, Bolivia no queda bien, me parece que hay que
respetar los acuerdos iniciales por formalidad y por respeto a uno mismo y al
país que es Bolivia” afirmó el obispo de la capital del Estado.
Finalizó señalando no se deben enfocar las investigaciones
solo en los hechos de violencia registrados en Senkata y Sacaba como ocurre en
la actualidad, sino que se deben esclarecer y establecer responsabilidades en
todas las muertes registradas en 2019.



