Realizadas las generales del 20 de octubre de 2019, sobrevinieron a ellas las protestas que acusaban al Gobierno de haber realizado un fraude electoral; luego se llevaron a cabo multitudinarios cabildos en los nueve departamentos, todo ellos en protesta contra el resultado electoral.

Ante tanta agitación el Gobierno de Evo Morales anunció que el 31 de octubre se iniciará una auditoría de la OEA al proceso electoral. Y a los 10 días de las elecciones el miércoles 30 de octubre de 2019 se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la OEA para que el jueves 31 comience la "auditoría integral” que resuelva “todas las dudas”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, informó que son 30 expertos los encargados de hacer la tarea de verificación sin interferir en la soberanía boliviana y sin afectar la independencia del Órgano Electoral. Bolivia se comprometió a garantizar "todas las facilidades" a la OEA para verificar actas de votación, así como el acceso a instalaciones y estadísticas, y la supervisión de la cadena de custodia de votos y su conteo. Pary aseguró que espera que la auditoría resuelva “todas las dudas" y que una vez se complete la revisión y se emita un informe “vinculante para ambas partes”, éste será entregado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien lo trasmitirá a la administración el país. Se convino que “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”.

El 4 de diciembre de 2019 la Secretaría General de la OEA presentó el informe final de la auditoría de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia.

Dicho informe comprueba que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos: primero, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas.

A ello se suman irregularidades graves, como la falta de resguardo de las actas y la “pérdida de material sensible”. El trabajo fue realizado por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades entre ellos: abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral. Luego, el 10 de noviembre de 2019, se produjo la renuncia del presidente, vicepresidente ministros de Estado y los presidentes de las Cámaras Legislativas y sobrevino la sucesión constitucional y la instalación de un Gobierno transitorio.

El Convenio vinculante que Bolivia suscribió con la Organización de Estados Americanos jurídicamente, y en los hechos, viene a ser juicio de árbitros o también llamados amigables Componedores y/o laudo arbitral, como está establecido en la doctrina del derecho procesal. Son procedimientos legales, son jueces nombrados y escogidos por las partes para conocer y decidir las controversias puestas en su conocimiento.

El arbitraje, por su naturaleza, es un contrato sinalagmático que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. El fallo de un tribunal arbitral es inapelable y hace plena fe; por ello en el punto sexto del citado contrato de Bolivia con la OEA decía: “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”. O sea, el informe de la OEA venía a ser una Sentencia ejecutoriada. El ejemplo más certero de lo que significa “vinculante” en la ciencia jurídica está en la propia Constitución Política del Estado en el Art. 203 que a la letra dice “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. El hecho inobjetable que avala y confirma el resultado que dieron los 36 expertos de la OEA viene a ser la Ley N° 1266 de 24 de noviembre de 2019 sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional compuesta, en dos tercios, por los diputados y senadores del propio Movimiento al Socialismo.

Esa ley, en su artículo segundo dice: “Se deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados”. Luego, dispone la realización de nuevas Elecciones Generales para el periodo de mandato constitucional 2020 a 2025. El Art. 164 de la CPE señala que: La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”, consecuentemente, esta ley enterró, anulo las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 a partir de la fecha de su publicación.

Sucede que el Gobierno actual, desconociendo el resultado del Convenio vinculante que suscribió con la OEA e ignorando la Ley No. 1266 que anuló las elecciones de octubre de 2019, inició juicios penales entorno a la renuncia de Evo Morales, y la Fiscalía General vuelve a investigar el proceso electoral del 2019, cuando por la Ley No. 1266 este ya está anulado. E incumpliendo con la ley contrató a un grupo de investigación del Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación de la Universidad de Salamanca y recibido el informe, cierra el caso aclarando que no hubo fraude y que no hay delito, ya que en las “pericias” no encontraron irregularidades en esa elección.

Todo ello pretendiendo enterrar la auditoría realizada por los especialistas profesionales, de la OEA, a través del Convenio vinculante entre el Estado de Bolivia y ese organismo internacional. Con seguridad que un estudiante de derecho sabe que el informe de auditoría del Convenio vinculante y la ley No.1266, que anuló las elecciones de 2019 están muy, pero muy por encima de un simple Requerimiento fiscal. Y que la investigación que realizo la Fiscalía sobre esas elecciones y su resultado es nulo de pleno derecho toda vez que ese proceso electoral ya fue anulado por ley y que para investigarlo primero tenían que haber abrogado esa ley.