La mejor prueba del fraude la dio Evo Morales en noviembre de 2019 cuando, antes de renunciar y de huir a México, propuso anular las elecciones del 20 de octubre y convocar a nuevos comicios. Su reacción fue tardía, pese a que días antes la OEA le había sugerido aceptar la segunda vuelta electoral. El cocalero optó por proclamarse ganador, insistir en su trampa, recurrir a las amenazas, burlarse de las protestas en su contra y por último, incitar al violencia. Cuando ya no fue capaz de controlar la situación no tuvo más remedio que escapar.

Evo Morales adoptó esa actitud pese a que el 23 de octubre, tres días después de la votación, él mismo había solicitado a la OEA hacer un recuento de votos El organismo internacional aceptó la invitación "para verificar la transparencia y la legitimidad" de los comicios por medio de una auditoría y se firmó un convenio en el que el se acordó que los resultados del estudio fueran vinculantes. El acuerdo fue firmado por el entonces canciller Diego Pary y el secretario general del organismo, Luis Almagro.

La OEA puso a trabajar a sus mejores expertos en el asunto, pero el cocalero decidió no esperar los resultados (que estuvieron listos el 4 de diciembre de 2019) y se fue con las intenciones de generar un desastre en el país y retornar como el gran pacificador, a montar la dictadura que todavía tiene preparada para Bolivia.

En el MAS han reconocido que se cometieron varios errores. El actual embajador en la ONU, Héctor Arce dijo que no se debió insistir en la repostulación de Evo Morales el 2019 y el ex ministro de Minería César Navarro acaba de admitir que fue “catastrófico” aceptar la auditoría de la OEA, que en este momento pretenden suplantar por el estudio realizado por un profesor y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca.

Lo que dice Arce Zaconeta se refiere al argumento de los “derechos humanos” que se usó para forzar la candidatura de Morales y que ya fue rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este fallo, al igual que la desobediencia a un pacto suscrito con la OEA le traerá duras consecuencias a Bolivia pues el cocalero nos está rebajando de a poco a la categoría de un “país forajido” apartado de las leyes y de los principios democráticos.

El reciente pronunciamiento de la OEA, en el que ratifica que hubo fraude el 2019, en el que cuestiona la maniobra de usar el “informe Salamanca” para cerrar un proceso judicial tan delicado y en el que califica lo sucedido hace dos años como una verguenza para el hemisferio, parece ser una suerte de ultimatum, ante la escalada autoritaria que se yergue en Bolivia y los planes desestabilizadores que viene ejecutando Evo Morales.

El cocalero responde socarronamente, hace alardes de que no le importa nada de lo que se diga la OEA, pues en realidad no tiene reparos ni en las leyes ni en la Constitución y menos en el futuro de la nación. El ya está jugado. Dios salve a Bolivia.

El reciente pronunciamiento de la OEA, en el que ratifica que hubo fraude el 2019, en el que cuestiona la maniobra de usar el “informe Salamanca” para cerrar un proceso judicial tan delicado y en el que califica lo sucedido hace dos años como una verguenza para el hemisferio, parece ser una suerte de ultimatum, ante la escalada autoritaria que se yergue en Bolivia y los planes desestabilizadores que viene ejecutando Evo Morales.