Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 29 de junio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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“Estoy cansada, tuve todo el día audiencias”. Con ese argumento, la jueza Claudia Castro, del juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz, determinó dejar en suspenso su decisión sobre la situación legal de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, por un predio municipal que fue vendido hace 27 años.
La jueza tomó esa decisión luego de escuchar por nueve horas los argumentos de las partes. Hoy, a las 7:30, emitirá la resolución que determine medidas sustitutivas o la libertad de Chapetón y otros cuatro acusados: Henry Navia, Víctor Espejo, Wilson Apaza y Roger Manuel Bellido.
Chapetón llegó al estrado a las 15:00, escoltada por su equipo jurídico, concejales y cientos de vecinos de El Alto, quienes a viva voz gritaban “Sole, no estás sola”. Los vecinos se quedaron en puertas del Tribunal Departamental de Justicia, donde, de rato en rato, hacían explotar petardos para expresar que estaban en vigilia.
El primero en tomar la palabra fue el diputado Rafael Quispe, quien retiró la denuncia contra Chapetón por presunto incumplimiento de deberes, por no asumir acciones para recuperar un inmueble que fue vendido a un privado hace 27 años (1991), por el entonces alcalde Miguel Aramayo.
“Como diputado he promovido la denuncia, pero se suma el Viceministerio de Transparencia pidiendo la detención preventiva, el MAS quiere tomar El Alto y yo no me voy a prestar a su juego”, declaró Quispe. A eso un grupo de mujeres le gritó “Vendido, cuánto te han pagado”. Quispe abandonó el Tribunal por la puerta de atrás.
Mientras en la sala, la defensa de Roger Bellido, director de Catastro del municipio alteño y otro de los acusados por la venta del predio, solicitó su alejamiento, porque –afirmó– tener cáncer y que debe someterse a un tratamiento para salvar su existencia, pese a que el médico le dio un mes de vida. La jueza determinó definir su situación en otra audiencia.
Posteriormente, la defensa de Chapetón se adhirió al incidente por actividad procesal defectuosa, por presunta falta de notificación, además de otras irregularidades. Luego de cuatro horas de exposición de alegatos de parte de la Fiscalía, del Viceministerio de Transparencia y los acusados, la jueza Castro determinó la inadmisibilidad del incidente.
Tras pasar ese tiempo, la jueza instaló la audiencia de medidas cautelares contra Chapetón y otros acusados por presunto incumplimiento de deberes, por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por no asumir acciones para recuperar un área verde, donde en la actualidad funciona un surtidor de gasolina.
Los fiscales Juan Carlos Soria y Ramiro Jarandilla explicaron a la jueza que la demanda para recuperar los bienes la inició el exalcalde José Luis Paredes en 2004, y que Chapetón, que juró como alcaldesa de El Alto el 1 de junio de 2015, no asumió acciones; y por el contrario emitió la resolución municipal 35/2016 en la que reconoce como surtidor y no área verde el bien inmueble que fue vendido a un particular en 1991.
“Debieron precautelar el bien inmueble, este hecho incluso perjudicó a los vecinos de Yunguyo, pues está pendiente su rezonificación”, dijo el fiscal Jarandilla. A eso los fiscales pidieron medidas sutitutivas para Chapetón y otros.
En esa línea, los representantes del Viceministerio de Transparencia dijeron que la Constitución establece que los bienes del Estado son inembargables e instranferibles, por tanto, hay responsabilidad. A la audiencia no se presentó el viceministro Diego Jiménez, quien firmó el memorial solicitando detención preventiva de Chapeton. “No asumieron acciones”, afirmó el abogado, quien agregó que pese a haber pedido detención, se conforman con medidas sustitutivas y la presentación de la Sole en la Fiscalía, cada 15 días.
Luego, la defensa del presidente del Concejo, Marcelo Fernández, querellante en el caso, pidió la palabra. Pero fue observado, pues al ser concejal –afirmaron– estaría involucrado como responsable. La jueza aceptó y dio la palabra a los abogados de los acusados.
Los juristas alegaron inocencia de sus clientes y mencionaron una lista de acciones que asumieron para recuperar el predio edil, y enfatizaron que nunca realizaron la transferencia al particular. Hasta el cierre de esta edición (00:54) continuaba la audiencia.