La Fiscalía optó por no pronunciarse sobre las irregularidades y la “manipulación dolosa” que halló la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las fallidas elecciones de 2019 y cerró el debate sobre “la calidad técnica y científica” de la pericia privada que contrató, antes de desactivar el caso fraude electoral.

“El Ministerio Público no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que no llevan ni siquiera una firma o rúbrica de sus autores anónimos”, declaró ayer el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe. Ratificó que no reconoce el carácter “vinculante” de la auditoría que hizo la OEA.

“Dudamos sobre cualquier otro documento que pueda cursar. Es así que vamos a ser claros en decir que el Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema, por lo tanto, no vamos a entrar al debate con nadie”, subrayó el secretario general de la Fiscalía, luego de leer un comunicado preparado para la ocasión.

La postura de la Fiscalía salió a la luz un día después del pronunciamiento de la OEA que, luego de ratificar la retahíla de irregularidades de 2019, cuestionó las omisiones y falencias de la pericia que hizo el laboratorio español Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca a pedido del Ministerio Público de Bolivia.

El reporte concluyó que, a pesar los errores “imperdonables” como el acceso ilícito a los servidores que administraron la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), no hubo manipulación informática que pudo afectar los resultados de los comicios de ese año.

Al igual que Quispe, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, cuestionó el informe de la OEA, pero sin pronunciarse sobre los hallazgos. “Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para ser una auditoría, no da cifras”, aseguró Chávez, quien fue abogado del expresidente Evo Morales.

El senador Félix Ajpi (MAS) también refrendó el criterio de la Fiscalía. “No se sabe quiénes han hecho ese informe; en una auditoría se presentan a los expertos, a los peritos que han hecho este informe”, declaró el legislador.

En el comunicado emitido el lunes, la OEA ratificó los hallazgos que presentó el 4 de diciembre de 2019 en el informe final del Análisis de Integridad Electoral. Allí se señalaron “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección, irregularidades graves, errores e indicios” que impidieron al organismo avalar el proceso electoral de ese año.

La OEA enumeró las 22 irregularidades, en las que se incluyen los accesos a los servidores, la adulteración de actas electorales y el descuido en la cadena de custodia del material electoral. Lamentó que el informe de la fundación vinculada a la Universidad de Salamanca se haya hecho a distancia y después de casi dos años de los sucesos que provocaron la anulación de las elecciones, por una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, a solicitud del propio Evo Morales.

Frente a estas evidencias, Quispe reiteró que no hará ningún comentario, pero recalcó que durante las averiguaciones no se recibieron aportes de ninguno de los actores que hoy observan la pericia encargada. Reveló que el informe de la OEA solo fue tomado como un “indicio” dentro de las pesquisas de este caso.

“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante. Para ser vinculante debería haberse elevado algún instrumento oponible para el conjunto de bolivianos para que sea vinculante”, indicó.

“Como lo señala el numeral 6 del Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Estado Plurinacional de Bolivia Relativo al Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, el resultado del informe es vinculante para las dos partes. Las permanentes violaciones al acuerdo dejan en claro la falta de apego a los compromisos adquiridos en el marco del Sistema Interamericano”, señaló el lunes la entidad multilateral.

Ante este escenario, la excanciller Karen Longaric recordó que el informe de auditoría de la OEA “es resultado de un acuerdo internacional entre Bolivia y la OEA que debe cumplirse de buena fe”.

Además, cuestionó la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que acusó al organismo multilateral de injerencista. “Injerencia es que gobiernos foráneos se inmiscuyan en nuestras elecciones y determinen la política boliviana”, afirmó la diplomática.

El laboratorio Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca, dirigido por el académico Juan Manuel Corchado, cobró $us 31.000 por la pericia que le encargó la Fiscalía en mayo de este año.

El exembajador de Bolivia ante la OEA Jaime Aparicio advirtió que con las decisiones políticas asumidas en Bolivia se pone en riesgo la fe del Estado. “Lo más grave es que el fiscal cierra este caso y queda claro que no existe justicia independiente. Este caso puede traer consecuencias muy graves. El prestigio del país y la falta del Estado de derecho ya está en entredicho”, declaró.

Además, recordó que para la auditoría de la OEA se acreditó una treintena de expertos de 18 países, entre los que están grafólogos reconocidos del mundo. “Además, el Estado no pagó ni un solo centavo por este trabajo”.

El diputado Carlos Alarcón, jefe de bancada de la alianza opositora CC, también cuestionó los argumentos de Quispe porque afectarán “de manera muy grave la fe del Estado”. “Si seguimos el razonamiento del fiscal habría que validar el informe de la Universidad de Salamanca con la Policía de España para que certifique la supuesta pericia. Eso no ha sucedido y se está dando credibilidad de pericia a un informe privado”

El jefe de CC, Carlos Mesa, cuestionó el carácter “servil” de la Fiscalía y advirtió que el Estado perderá seriedad internacional.