Pese a la ratificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la manipulación dolosa de datos en las elecciones de 2019, la Fiscalía General del Estado dio por cerrado el debate sobre el tema, negó que el estudio sea vinculante, lo calificó de “político” y sólo tomará en cuenta la investigación que encargó a la Universidad de Salamanca, cuya conclusión es que no hubo alteración de resultados en esos comicios.

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, manifestó que “sería incongruente para el Ministerio Público pronunciarse sobre documentos que se limitan a decir muchas cosas que pueden o no ser verdad, sin evidencias contrastables y, peor aún, que no tengan base técnica”, en alusión al informe de integridad electoral de la OEA.

Al desconocer el carácter vinculante del documento de la OEA, Quispe aseguró que eso debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El documento que el lunes emitió la OEA ratificando las conclusiones de su informe de 2019 dice: “Como lo señala el numeral 6 del Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Estado Plurinacional de Bolivia Relativo al Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, el resultado del informe es vinculante para las dos partes. (…) Las permanentes violaciones al acuerdo dejan en claro la falta de apego a los compromisos adquiridos en el marco del Sistema Interamericano”, detalla el comunicado emitido por la OEA.

Tema resuelto

Quispe dijo que para el Ministerio Público el caso denominado “fraude electoral” es un tema resuelto y no emitirá criterios sobre ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado respecto a los hechos suscitados durante las elecciones generales del 20 octubre de 2019.

Para Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana  (CC) en Diputados, la descalificación del informe de la OEA por la Fiscalía es “absurda y contradictoria”.

“Es un absurdo y una contradicción total lo que afirma el Secretario General de la Fiscalía General del Estado porque toma al informe vinculante de la OEA, solicitado formalmente por el Estado Boliviano a la Secretaria General de la OEA, como un simple indicio, al cual no vale la pena prestarle mayor atención y, por el contrario, ese estudio privado, contratado entre amigos, de gente de Salamanca, lo toma como prueba plena y determinante para que la junta de fiscales determine el sobreseimiento del caso fraude electoral”, declaró Alarcón a radio Panamericana.

Informe español

Al defender las conclusiones del informe del grupo español, Quispe dijo que “son los resultados técnico-científicos y otros elementos colectados que han sido parte de una investigación penal integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia es incuestionable. Vamos a ser claros, para el Ministerio Público éste es un tema resuelto y no entraremos al debate con nadie”.

Ese equipo es el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, a cargo del ingeniero Juan Manuel Corchado.

La OEA

El informe solicitado por la Fiscalía General se contrapone al presentado por la OEA el 10 de noviembre de 2019 que detectó irregularidades “muy graves” en el proceso, como la manipulación del sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados. Sobre el informe del grupo español, la OEA aseguró que intentar validar las irregularidades y manipulaciones cometidas durante las elecciones de 2019 a través de “estudios extemporáneos” constituye una “grave afrenta” a la democracia. 

En tanto, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, afirmó ayer que Luis Almagro mantiene la ilegalidad y la intromisión directa en asuntos internos del país con un “alto contenido político”, con la ratificación de su informe.

Oficialismo insiste en “plan desestabilizador”

La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público el documento en el que ratifica las conclusiones de su informe sobre integridad electoral de las elecciones de octubre de 2019, en el que sostiene que hubo manipulación de los resultados para favorecer al candidato del MAS, Evo Morales. Sin embargo, las respuestas de los diversos actores del oficialismo carecen de la contundencia técnica para refutar al organismo internacional.

Por ejemplo, según la Cancillería, la OEA incurre en un atropello a la soberanía de Bolivia y en injerencia en asuntos internos de la administración de justicia con el objetivo de “coordinar procesos de desestabilización”.

Los exvocales departamentos y del Tribunal Supremo Electoral ven que informe de la OEA “trata de sostener falacias y acusaciones sin fundamento, tergiversadas y malintencionadas cuyo propósito es generar caos y desestabilización”.

Finalmente el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, dice: “La OEA le ha estafado al país”.