Como era de esperarse, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un informe para defender su informe sobre las elecciones de 2019 en Bolivia. Lo hizo a través de su secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero. El Gobierno deploró la “nueva injerencia golpista” de Almagro. La oposición la celebró, reafirmando su narrativa de “fraude”.

El origen del nuevo informe es revelador, pues Guerrero constituye una pieza clave en esta historia. En los comicios de 2019 fue el funcionario de mayor rango en la Misión de Observación Electoral de la OEA (el jefe de la misión, Manuel González, excanciller de Costa Rica, resultó a la postre una figura más bien decorativa). Guerrero fue responsable de que, al día siguiente de la votación, sin esperar ningún resultado del cómputo oficial, la misión anunciara “recomendaciones de cara a una segunda vuelta” (sic).

El precoz posicionamiento político de la Misión de Observación de la OEA es no solo curioso e inédito, sino deplorable. Con el respaldo de un conteo rápido y un “ejercicio estadístico” de la propia misión, el operador de Almagro impuso la hipótesis, luego insostenible, del “cambio inexplicable de tendencia” supuestamente producido en el último 5% del conteo: no del sistema de cómputo, que es el único resultado válido, sino del TREP, cuyo carácter preliminar es meramente informativo.

Así, en lugar de acompañar el proceso de cómputo oficial (como se espera que haga una misión de observación electoral), Almagro y Guerrero emitieron una suerte de sentencia previa: no importa el resultado del cómputo definitivo, debe haber segunda vuelta, como exigía el candidato opositor derrotado en las urnas, Carlos Mesa. Esta sentencia se ratificó tres días después en el informe preliminar de la misión, cuando todavía no concluía el cómputo: “continúa siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

Luego vino el informe preliminar del “Análisis de integridad electoral” solicitado por el gobierno de Morales, con carácter vinculante. Ese informe concluyó que no era posible “validar una victoria en primera vuelta”. Claro que el equipo de Almagro, operado por el mexicano Guerrero y su compatriota de observación electoral, ya no recomendaron segunda vuelta, sino otro proceso electoral (a tono con la nueva demanda opositora). Con ese informe, difundido de madrugada, la Fiscalía inició el juicio por “fraude”.

El obrar de Guerrero, entonces, en lógica de autodefensa, es coherente consigo mismo y su papel, y el de la Secretaría General de la OEA, en la crisis boliviana de 2019. El informe difundido esta semana por el departamento a su cargo ratifica las conclusiones de la “auditoría”, que a su vez validó la prematura declaración política de la Misión de Observación. Es una ingenuidad esperar otra cosa. La narrativa del “fraude” tiene al polémico Almagro como su principal vocero. Y la polarización continúa.