La Fiscalía General del Estado (FGE), a tiempo de rechazar el comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificó la pericia de la Universidad de Salamanca y dijo que dio por cerrado el caso del supuesto fraude electoral en 2019.

En conferencia de prensa, el secretario General de la FGE, Edwin Quispe, explicó que esa instancia no puede emitir criterio sobre el trabajo de la OEA porque es parcializado y de carácter político, en el que se dicen muchas cosas que no pueden ser ciertas, porque carecen de evidencias contrastables y no tienen base científica.

“El Ministerio Público no se va a referir a ningún pronunciamiento de carácter político o parcializado, menos de un documentos que no lleva la firma o rúbrica, de autores anónimos, menos que sobrevengan a resultados técnicos y científicos u otros elementos colectados que han sido parte de las investigación penal, integral, público y objetiva, cuya validez e importancia son incuestionables”, declaró.

“Dudamos de cualquier otro documento o pronunciamiento que pueda cursar, es así que vamos a ser claros en que el Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema”, precisó.

Además, aclaró que ese documento no tiene la firma de responsables que validen ese trabajo que contrasta con el realizado por el Ministerio Público, cuyos resultados son técnicos científicos y otros colectados que han sido parte de una investigación penal, integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia es incuestionable.

Quispe lamentó las críticas de sectores que fueron parte de la denuncia porque durante el proceso penal no presentaron ningún aporte de carácter probatorio.

“Para que una situación sea integral tienen que considerar todos los aspectos, coyunturales, procesales, procedimentales y materiales que al parecer la OEA desconoce, ellos (OEA) se han limitado a hacer un documento sobre el cual no nos vamos a pronunciar”, sostuvo.

VINCULANTE

Asimismo, Quispe fue claro en que para el Ministerio Público el informe de la OEA fue un indicio más dentro del proceso de investigación y que no es vinculante. “Para que sea vinculante, también lo hemos señalado, debería haberse elevado algún instrumento de ley para que el mismo sea de carácter vinculante para el conjunto de bolivianas y bolivianos”, manifestó.

ESTAFA DE LA OEA

En esa línea, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que la OEA, representada por el secretario general Luis Almagro, le estafó al país en 2019 con la presentación de una auditoría que no cumple con los parámetros requeridos.

“La OEA le ha estafado al país, el señor Almagro le ha estafado al país. La OEA no hizo ninguna auditoría. Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para hacer una auditoría, no da cifras”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.

Explicó que en octubre de 2019 el acuerdo suscrito entre el Gobierno y ese organismo regional se cumplió por intereses políticos.

Chávez dijo que el trabajo realizado por la OEA se limita al funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) que no es vinculante porque no está conectado con el sistema oficial de cómputos de voto del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Reitero, el Estado ha sido estafado con una inexistente auditoría presentada por la OEA, se trata de un informe político, sesgado y predeterminado para el golpe de Estado a partir de ese informe de la OEA”, aseguró.

Finalmente, Chávez expresó que existen varias denuncias abiertas contra los responsables materiales e intelectuales del golpe de Estado que impulsó un régimen de facto que violó sistemáticamente los derechos humanos, y ocasionó la muerte de 37 bolivianos.

Arce denuncia intromisión

La Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre un país, incurriendo en intromisión directa de asuntos internos del país, advirtió ayer el embajador de Bolivia ante ese organismo, Héctor Arce Zaconeta.

“La Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia que es parte de la OEA no tiene el derecho ni la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre un país, generando intromisión directa en asuntos internos (…). Más allá de la absoluta ilegalidad e impertinencia y oficiosidad de este dictamen, de este informe, de estas nuevas páginas que ha publicado la organización, está obviamente su gran y alto contenido político”, aseguró en declaraciones a la Red ATB.

En ese contexto, calificó al documento como “ilegal y un exabrupto totalmente oficioso” porque su emisión no se enmarca en ninguno de los procedimientos de la OEA y no fue encargado por ninguno de los gobiernos miembros.