La Fiscalía General del Estado y el MAS coincidieron ayer en dar por cerrado el caso fraude y desconocieron el  carácter vinculante de  la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios de 2019, pese a que  hay un acuerdo entre el  Estado y  ese organismo internacional al respecto. 

Luego de que la Secretaría General de la OEA, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, indicara que la pericia española que encomendó el Ministerio Público carece de valor, líderes del MAS y la propia Fiscalía se expresaron en contra de la auditoría de 2019,  que  se realizó  a invitación del entonces gobierno de Evo Morales.   

“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante”, sostuvo Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado.  Por su parte,  Andrónico Rodríguez, presidente del Senado (MAS), manifestó: “Para nosotros, por lo menos, no es creíble ese informe de la auditoría”.

El lunes, la Secretaría de la OEA difundió un documento en el que identifica 12 deficiencias, ocho omisiones y cuatro contradicciones  en  la pericia española,  y reafirma, por otro lado, los hallazgos de la auditoría de 2019. Al respecto, Quispe sostuvo que el Ministerio Público no se pronunciará sobre “un documento de carácter político”, y agregó que la Fiscalía “tiene por cerrado y resuelto este tema”. Por  su parte, Rodríguez  sostuvo que éste “es un caso ya cerrado”.  

El presidente del Senado  agregó que la oposición habla de un  “fraude monumental” en  2019, cuando  la OEA y la Unión Europea (UE) -aseguró- dicen que hubo “irregularidades” . “No han demostrado que hubo fraude”, sostuvo.

No obstante, la auditoría de la OEA detectó, entre otros hallazgos, la paralización dolosa del TREP, dos servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, el llenado doloso e irregular de actas de escrutinio, el ingreso de al menos 1.575 actas del TREP (cuya red fue vulnerada y manipulada) al Cómputo Oficial, además de ingresos inexplicables y no autorizados al sistema.  La Misión Técnica de Expertas Electorales de la UE, en su informe de diciembre de 2019, además de detectar irregularidades, replicó las conclusiones de la auditoría de la OEA.  

En el documento difundido el lunes, la Secretaría de la OEA indica que “ninguna democracia aceptaría un proceso electoral” como el de 2019, debido a la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material que se registró. Además,  insta al Estado   a  cumplir el acuerdo sobre el carácter vinculante de la auditoría.

El punto 6 del acuerdo, suscrito el 30 de octubre de 2019 entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Diego Pary, entonces canciller, señala que el resultado de la  auditoría “será vinculante”. 

Héctor Arce,  diputado del MAS,   sostuvo que “ese informe ha sido un informe político, tendencioso, sedicioso e injerencista”. Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, afirmó que lo que el oficialismo busca es incumplir el acuerdo suscrito con la OEA, lo que -dijo- sería una nueva “vergüenza hemisférica”, como  fue catalogada la elección de  2019. 

En contacto con Página Siete, la internacionalista Roxana Forteza dijo   que el Estado está obligado a cumplir con el acuerdo suscrito con la Secretaría General de la OEA, puesto que la auditoría se realizó a invitación del entonces gobierno de Morales.  

“No hay que olvidar que la intervención de la OEA fue solicitada por el jefe máximo del Estado boliviano, que entonces era el señor Morales. Entonces,  no hay por dónde se diga que no ha sido por los mecanismos regulares. Se cumplió todos los mecanismos e incluso no se puede hablar de una injerencia internacional porque fue solicitada desde Bolivia y por la máxima autoridad boliviana, así que todos los otros análisis que hagan son cuentos chinos”, afirmó.  

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Paul Coca, abogado y analista político, manifestó que el informe pericial, encomendado por el Ministerio Público, “no es vinculante para nada”, a diferencia de la auditoría de la OEA.   “Resulta raro y extraño que la Fiscalía no quiera hacer caso a la OEA ni el Gobierno, cuando la OEA es una organización internacional del continente americano que hizo una auditoría a solicitud del propio Gobierno boliviano, como Estado miembro de la OEA”, indicó. 

Manuel Morales, integrante de Comité Nacional de Defensa de la Democracia, aseguró que   cuando un Estado asume un compromiso, debe  honrarlo y agregó:   “Cuando hay un informe que dice que hubo fraude, la función de la Fiscalía es investigar y no intentar generar pruebas, fraguar procesos, cerrar el caso”.  

Morales agregó que “la pelota está en   la cancha de la sociedad civil organizada” para movilizarse en busca de hacer cumplir la auditoría, puesto  que si no se logra, se  encaminará a Bolivia  “a un terreno de la absoluta inseguridad jurídica”, según dijo a Panamericana.