Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 27 de octubre de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Pocas cosas le gustan más al Presidente y al Gobierno que
comparar los logros y aciertos de estos 14 años con el pasado. Casi siempre, en
estas comparaciones que abarcan desde indicadores económicos hasta aspectos
sociales, gana la presente gestión. El neoliberalismo, que es el nombre
genérico que se aplica a este periodo, es satanizado en todas formas (muchas de
ellas, con razón).
Aunque a pesar de los hechos recientes el Presidente ha
expresado su respaldo (casi felicitación) al TSE, no cabe duda de que esta
entidad atraviesa por uno de sus peores momentos. Recordemos que a
finales de los 80 se hizo tristemente célebre la “banda de los cuatro”, nombre
con el que se conoció al grupo de cuatro vocales que conformaban la Corte
Nacional Electoral (CNE) considerados los responsables de manipular los
resultados de las elecciones de 1989, que sellarían lo que de forma inédita se
conoció como “triple empate”.
El escándalo fue mayúsculo: se acusó a los cuatro vocales de
haber manipulado actas con la intención de perjudicar al MNR, impidiendo que su
votación aumente, lo que habría puesto a este partido en ventaja para acceder
al poder.
Desde entonces se optó por institucionalizar el ente
electoral y dotarlo de las condiciones para hacer un trabajo independiente y
alejado de lo partidario. Fue un proceso largo, que derivó en la gran
credibilidad y transparencia que adquirieron desde entonces todos los actos
electorales. Esto, unido al siempre evidente espíritu democrático de la
sociedad civil, nos dieron casi 30 años de procesos limpios y sin mayores
discusiones. Fue así como Evo Morales fue elegido en 2005 y reelegido desde
entonces. Así se realizaron las primeras elecciones judiciales de la historia,
los primeros referendos y las primeras elecciones primarias.
Sin embargo, desde su llegada al poder el MAS aplicó al
Órgano Electoral la misma lógica que ha impuesto a todas las entidades y
poderes independientes del Estado: la cooptación. Primero nombró a un grupo de
vocales abiertamente militantes, que defendieron sus aprestos reeleccionarios y
avalaron irregularidades como la anulación de la personería jurídica del
Partido Demócrata en el Beni en 2015 y la invalidación del triunfo de un
candidato a la Gobernación de Chuquisaca.
Luego, con un grupo de vocales igualmente afines pero con
mayor y mejor trayectoria e idoneidad, se recuperó algo de la confianza
perdida. Sin embargo, este cuerpo de vocales ha sido prácticamente
desestructurado: primero se dio la renuncia de su vicepresidente José
Luis Exeni; luego de la presidenta, Katia Uriona, y, en cadena, una serie de
otros altos funcionarios, quedando el actual grupo que nuevamente se puso
completamente al servicio del MAS.
Varios hechos fueron sembrando el camino de la desconfianza
y falta de credibilidad en el TSE, que culminó con la vergonzosa actuación de
este 20 de octubre.
Si alguien tiene la culpa de la crisis democrática que vive
el país a raíz de las sospechas de fraude electoral son los vocales del
TSE, que no pudieron administrar peor las circunstancias.
El Presidente echa la culpa a la derecha, habla de golpe;
sus ministros señalan a la oposición y la presidenta del TSE llora y se
victimiza, pero, al César lo que es del César, este clima fue alimentado por la
ineptitud y sumisión de un conjunto de autoridades electorales cuya máxima
responsabilidad debiera ser garantizar la confianza en el proceso.
No podemos llamarnos a engaño: así como el Gobierno pide
pruebas del fraude, debería dar pruebas de que el TSE no actuó a sus órdenes y
a su conveniencia. Si el Gobierno pretende que nadie discuta un resultado que
los favorece -especialmente después de haber desconocido el resultado de un
referendo constitucional-, debiera al menos recriminar la actuación de los
vocales del TSE. No lo hace porque eso significaría poner en duda un resultado
que no quiere discutir.
Nunca antes sentimos tanta indignación frente al accionar de
un grupo de funcionarios que se deben a la democracia y no a un partido
político. La historia los juzgará, y no tendrá indulgencia.