Ayer, 9 de agosto, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha pretende conmemorar la vitalidad de los pueblos que representan más de 5 mil grupos distintos en unos 90 países y hablan aproximadamente 7 mil lenguas.

Pese a esta extraordinaria y diversa multiplicidad, que enriquece el decurso de la humanidad, y la historia boliviana, los indígenas son esa identidad étnica por la que otros hablan, instrumentalizando sus luchas.

Un ejemplo claro de ello es la actitud del Gobierno. “Los pueblos originarios de acá construimos el Estado Plurinacional”, decía ayer el Canciller y recordaba que durante la Colonia y “la época republicana se practicó” formas de exclusión como el despojo de sus tierras.

Ese despojo continúa vigente desde hace una década y con marcado vigor los últimos meses, como lo demuestran las numerosas denuncias de avasallamientos de tierras de comunidades indígenas por los “interculturales”, esos grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que se benefician de la condescendencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras instancias estatales.

“Estamos siendo avasallados en nuestras TCO (Tierras Comunitarias de Origen). Hay cantidad de gente que no son originarios y quieren hacer legalizar sus avasallamientos”, reclamaba ayer en Santa Cruz una dirigente guaraya.

Los pueblos indígenas de este Estado plurinacional son también víctimas de la explotación minera que contamina sus territorios y del descuido de las instancias de salud que no aplica programas de prevención de la Covid, específicos para ellos.

Además, las poblaciones indígenas son blanco constante de una incesante y minuciosa discriminación, de miradas incómodas cuando llegan a los espacios urbanos. Eso, cuando la actitud hacia ellos no es francamente hostil o de explotación y abuso.

La circunstancia sanitaria actual y el avasallamiento de sus tierras ponen en relieve la vulnerabilidad e indefensión de esos bolivianos herederos directos de culturas que perviven a las vicisitudes de la historia. Las amenazas o agresiones patentes se ciernen sobre ellos en sus propios territorios cuya conservación está garantizada por normas internacionales y la propia Constitución Política del Estado que les reconoce derechos de protección y decisión sobre las actividades ajenas a sus culturas.

Esas agresiones suceden en Santa Cruz, La Paz, Beni o Pando, donde si no es el avasallamiento es la explotación de recursos naturales que genera impactos directos sobre la vida de los pueblos indígenas.

Así, es imperativo que el Gobierno respete los derechos de esos bolivianos de culturas ancestrales inermes frente al poder de intereses económicos sin escrúpulos.