La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).

En el transcurso de los últimos días se registraron nuevos episodios en esta tendencia vulneradora. El Observatorio de Defensores/as de Derechos de UNITAS identificó tres declaraciones de autoridades violatorias de las libertades fundamentales que buscan la autocensura de quienes sostienen y argumentan la narrativa del fraude electoral en Bolivia.

El 26 de julio, Adolfo Flores, senador y jefe de bancada del Movimiento al Socialismo declaró que el "exceso de democracia" en Bolivia estaría "permitido posiciones sediciosas" en sectores críticos al gobierno. La declaración del senador Flores, dice el comunicado, incluye un mensaje amenazante contra estos sectores, al afirmar que "ante las voces de sedición, el presidente Arce hará cumplir la Constitución Política del Estado".

El 28 de julio, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió que utilizar el concepto de "fraude" conlleva responsabilidades, puesto que "es una presunción falsa que ha generado convulsiones y movilizaciones que han puesto en zozobra a Bolivia".

El 3 de agosto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que las personas que asistieron a las reuniones efectuadas en predios de la Universidad Católica Boliviana San Pablo los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, "participaron de manera delincuencial, ilegal y contraria a la Constitución". Chávez nombró a cada uno de los integrantes de la reunión, exceptuando a Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, alineadas al Movimiento al Socialismo. También nombró al Vaticano y a la Unión Europea. El procurador aseveró que los líderes de la iglesia, que convocaron a la reunión, no deberían extrañarse si es que son convocados a declarar.

Las tres declaraciones, argumenta el Observatorio de Unitas, tienen varios puntos en común. En primer lugar, se refiere a los opositores al partido oficialista, "estigmatizando a quienes participaron activamente en las movilizaciones de 2019 y en el proceso de transición consiguiente, y a quienes ejercen oposición política dentro de los parámetros permitidos en un régimen democrático".

En segundo lugar, las tres publicaciones "tienen una tendencia amenazante contra quienes hacen referencia, responsabilizándolos por las acciones presuntamente contrarias a la normativa boliviana".

Y, en tercer lugar, indica que llama la atención que "los tres responsables de estas vulneraciones sean altas autoridades del Estado, continuando una tendencia vulneradora identificada desde el 2018 por el Observatorio".

"La estigmatización, que denigra la imagen de una persona por haber difundido su pensamiento, es una de las vulneraciones más comunes entre las monitoreadas por el Observatorio, habiendo registrado 125 casos desde 2018", señala el comunicado.

Estos actos "generan un entorno de intolerancia y rechazo contra quienes son estigmatizados, provocando su autocensura, entendida como la restricción de expresiones por temor a represalias". Por su parte, agrega, "las amenazas, que también son causa de autocensura, advierten con criminalizar a quienes han manejado la narrativa del fraude, participado en las reuniones de noviembre o tienen posiciones sediciosas".

Unitas recuerda que la Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen un rol de garante de los derechos fundamentales de las personas, y por ello el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos está sujeto a deberes especiales entre los que destaca el deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos, lo que obliga a los funcionarios a constatar de forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones.

Asimismo, indica, ha afirmado que "los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador".