Ratificó que la denuncia se ha convertido en un tema de conspiración política del Viceministerio de Transparencia para apartarla del cargo de alcaldesa municipal, utilizando la justicia y al Ministerio Público.

Quispe dijo por su lado que “si la meten a la cárcel o le den detención domiciliaria sin salida laboral es responsabilidad de la politización del Ministerio Público y de ellos. ¿Por qué?, porque el Ministerio Público pidió medidas sustitutivas a la detención”, manifestó Quispe.

Señaló que su participación en el proceso ya es irrelevante porque por efecto del artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, el denunciante no es parte del proceso.

El viceministro de Transparencia Diego Jiménez afirmó que si el diputado se hace a un lado, el Ministerio Público debe continuar con la acción penal porque hay la configuración de un delito de privatización de un terreno municipal.

Según Jiménez por ese motivo el diputado denunció incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Ahora que venga el diputado a decir que quiere retirar su denuncia, yo lo veo poco serio e irresponsable, sin embargo ya debe haber un delito, y tiene que actuar de oficio el Ministerio Público”.

Aclaró que son coadyuvantes a solicitud de los vecinos y los concejales de El Alto porque entienden que la alcaldesa con un proceso de rezonificación, validó la transferencia del predio municipal.

Sin embargo Chapetón dijo que ese argumento es falso porque durante su gestión se ha instaurado un proceso civil para anular la minuta de propiedad y lamentó que la Fiscalía no haya revisado los abundantes descargos administrativos de su gestión.

Sostuvo que ella no es juez para anular la minuta que está en curso y pidió al Viceministro que si es de su interes recuperar el terreno que se sume al proceso civil.