La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ha emitido este lunes un pronunciamiento contundente que ratifica los hallazgos de las graves irregularidades y la manipulación dolosa de las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, y descalifica de manera lapidaria el informe contratado por la Fiscalía boliviana a una consultora española supuestamente asociada a la Universidad de Salamanca.

En un extenso documento divulgado este 9 de agosto, la OEA desmenuza uno a uno los errores y omisiones del estudio pericial pagado por la Fiscalía, que lo invalidan incluso profesionalmente porque se refiere únicamente a temas informáticos entregados por la propia Fiscalía, que no abarca asuntos importantes para comprender los hechos de 2019 y porque se hizo después de mucho tiempo de la elección, a distancia y por un equipo sin experiencia en materia electoral.

 El informe advierte que las evidencias destruidas tras la elección de 2019 no desaparecieron solas ni por un simple error, sino con el propósito claro de ocultar hechos incriminatorios y recuerda que fue la OEA en su trabajo de campo la que descubrió la existencia de dos servidores ocultos, los mismos que no habían sido incluidos en la documentación entregada por el Tribunal Supremo Electoral de entonces.

Es decir, se ocultó esa información y solamente se admitió su existencia una vez descubierta por los expertos. No se puede concluir, como lo hace el informe español pagado por la Fiscalía, que no haber reportado esos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario, porque su incorporación es una manipulación en la infraestructura tecnológica y es “parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana”, dice el documento de la OEA.

 Dicho de manera simple, el documento de la OEA destruye, pulveriza el informe de la consultora española contratada por la Fiscalía porque contiene errores, omisiones, contradicciones, inconsistencias, falta de sustento técnico y finalmente porque tienen comprometido el grado de profesionalismo del dictamen pericial. Lo valioso del documento de la OEA es que se ocupa una por una de esas graves falencias que en conclusión invalidan el estudio pagado por el fiscal Juan Lanchipa que intenta anular el caso fraude electoral como si aquí no hubiera pasado nada.

Más adelante, el documento reitera las al menos 21 irregularidades detectadas por la auditoría de la OEA, que le permitieron llegar a la conclusión de que nunca se podría tener confianza en la elección de octubre de 2019 por la manipulación, la cantidad de irregularidades y por la destrucción de evidencia informática y material.

Por esas razones, señala que el estudio español y otros estudios a pedido “marcan el fracaso de aquellos que intentan de cualquier manera validar lo imposible”, y que de las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 es la peor de todas, y “constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral”.

Al final, la OEA recuerda que su auditoría es vinculante para las dos partes porque así lo aceptó el Estado boliviano; no cumplir esa condición sería una violación de los compromisos del país con el Sistema Interamericano.

Pocas veces se leyó algo tan firme y contundente de la OEA con relación al fraude electoral de octubre de 2019. Con ese documento, que viene de la principal organización de las naciones del continente, es absurdo que el Gobierno persista en su fábula del golpe de Estado o que la Fiscalía continúe con su estrategia para dejar sin efecto el caso fraude electoral.