La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó este lunes los hallazgos de “manipulación dolosa” de las elecciones de octubre de 2019 y criticó duramente la pericia con la que la fiscalía cerró el caso fraude electoral.

La OEA señaló que la pericia elaborada por el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, tiene “profundas deficiencias” y “contradicciones”.

“El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”, señaló la OEA.

Pero, a pesar de las profundas deficiencias de este informe pericial, -acotó la OEA- la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia resaltó que su principal acierto es que confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019.

Entre las coincidencias, la OEA apunta que la pericia de la fiscalía ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También ratifica que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root2 en TREP y cómputo; la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE); que hubo destrucción de la evidencia; y otros aspectos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones de Bolivia en 2019.

Además de coincidir en estos hallazgos graves y de haber señalado que el proceso electoral tuvo “errores imperdonables”.

Según la OEA, otra gran diferencia entre el trabajo realizado por el equipo técnico de la OEA y el llevado adelante por los académicos contratados por la fiscalía radica en el espectro de información analizado y las fuentes utilizadas.

En el caso del equipo técnico de la OEA, y tal como lo establecen los acuerdos firmados, se trabajó de manera independiente con la posibilidad de recopilar información y de entrevistar a una serie de actores relevantes

“Sin sustento técnico desde el punto de vista electoral y con base únicamente en la comparación de algunos campos de las bases de datos, el informe parcial presentado por académicos afirma que ‘Se ha demostrado que esta gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de los datos’ . Llama la atención que llegan a esta conclusión sin haber logrado identificar las imágenes de actas del TREP que se utilizaron también en el cómputo, desconociendo el grado de alteración que poseen, ignorando que no existe registro de los cambios o de quiénes los hicieron y que era posible eliminar evidencias, tal como ocurrió”, indicó la OEA.

Como se menciona anteriormente -señala la OEA- a pesar de lo limitado del análisis realizado, el informe reconoce que mediante la manipulación de la red se utilizaron dos servidores no registrados ni autorizados que tampoco eran controlados por la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación (DNTIC) del TSE ni la empresa auditora contratada por el TSE.

“Los administradores del servidor BO20 no tomaron las medidas necesarias para preservar los registros y se destruyeron así las pruebas que permiten analizar el comportamiento del servidor”. Ante estas afirmaciones, no se puede dejar de mencionar que las evidencias no se destruyen solas ni por un simple error, sino con el propósito claro de ocultar hechos incriminatorios.

Para la OEA, es importante recordar que las verdaderas funciones del primer servidor oculto y la existencia del segundo fueron descubiertas por los técnicos de la OEA durante su trabajo de campo, ya que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales. Es decir, se ocultó esta información y sólo se admitió su existencia una vez descubierta por los expertos de la OEA.

El propio informe pericial encargado por la fiscalía da cuenta de las extremas vulnerabilidades del sistema y de las manipulaciones que tuvieron lugar, señalando que se podía añadir, modificar o eliminar datos sin dejar evidencias. A través de distintas afirmaciones a lo largo del documento, los académicos contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados:

En síntesis, el informe del análisis pericial reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia.

Cabe señalar, además, algunas significativas omisiones del informe de Corchado, Plaza y López. Si bien describe herramientas empleadas y actividades de análisis, no menciona el concepto de superficie de ataque, y omite documentar la exposición a Internet a través de un dominio privado (neotec.cc).

La OEA apunta al menos cuatro contradicciones en la pericia de la Universidad de Salamanca.

“El estudio confirma que era posible la alteración manual de los datos y que esto podía hacerse sin dejar rastros. Más adelante, en el texto del documento, compararon las bases de datos de TREP y cómputo, señalando que no había diferencias significativas y por ello concluyeron que no había manipulación de los datos”, indicó la OEA.

Además, la pericia admite el ingreso de personas no identificadas a la base de datos con capacidad de cambiar o modificar la información, apuntó la OEA.

También hay contradicciones sobre la capacidad de borrado de evidencias.

Finalmente, señala la OEA que la pericia española no encontró relación entre el TREP y el Cómputo Oficial, lo que es “falso”. “Esta afirmación, además de ser falsa, expone la deficiencia del análisis realizado sobre las bases de datos, pues no pudo siquiera identificar las imágenes de actas que no poseían respaldo papel y que, sin ser del  extranjero, se integraron al cómputo. Tampoco pudo, por lo tanto, identificar su origen, integridad y autenticidad. Teniendo en cuenta lo anterior, y sumado a los otros conceptos vertidos, no es posible que los autores puedan concluir que las bases de datos no fueron manipuladas”, apuntó la OEA.

“Estas irregularidades según el informe del análisis integral del proceso electoral fueron realizadas con manipulación dolosa del resultado electoral impidiendo por parte del equipo auditor validar el resultado de la elección. Como dice literalmente “son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral”.

“Ninguna de estas irregularidades es aceptable, ninguna de las acciones e intenciones humanas detrás de estas irregularidades es aceptable. Ninguna democracia aceptaría un proceso electoral como este. En conclusión, nunca se va a poder tener confianza en esta elección, por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material”, apunta el organismo.