En un reporte de nueve páginas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó ayer la “manipulación dolosa” de los datos electorales de 2019 que halló en la auditoría vinculante que solicitó el propio Evo Morales a este organismo, en octubre de ese año, antes de dejar el cargo.

“De las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas. Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral. Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”, remarcó el comunicado.

El documento emitido ayer por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, la entidad encargada de la observación de procesos electorales en toda la región, también cuestiona los resultados de la pericia informática que la Fiscalía de Bolivia encargó al académico Juan Manuel Corchado del laboratorio Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca.

“El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia”, señala.

Al final de la tarde, la Cancillería del Estado emitió un comunicado en el que reconoció la validez del reporte que encargó la Fiscalía y cuestionó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “por un acto de injerencia en la administración de justicia de este país, cuestionando un proceso de investigación penal a cargo del Órgano Judicial que no concluyó”.

“La auditoría que defiende el secretario general fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”, puntualiza el documento de la Cancillería.

Sin hacer referencia al contenido de la auditoría ni a los aspectos técnicos del comunicado de la OEA, el Gobierno anticipó que denunciará la conducta de Almagro “ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”.

Datos

En contraste con el informe de la fundación vinculada a la Universidad de Salamanca, la OEA recordó ayer las 22 irregularidades que se cometieron en los comicios de 2019, incluyendo la falsificación de documentos.

Así, la OEA tuvo que recordar que identificó evidencia de “debilitamiento de la autoridad electoral” a partir de una orden para detener el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), además de la aparición de “servidores clandestinos”, entre ellos uno oculto con capacidad de “manipulación”; también se utilizó “un esquema tecnológico paralelo con fines indebidos”, cuando los datos electorales estaban siendo procesados.

Fuera del escenario informático, se evidencio el “llenado doloso e irregular de actas de escrutinio, y la quema de material electoral”, dos asuntos sobre los que el Ministerio Público no avanzó en las pesquisas.

La OEA también “comprobó la transferencia de imágenes desde este servidor” hacia el sistema “que alimentaba el cómputo oficial. Hubo “irregularidades en manejo de actas del exterior” y detectó modificaciones que ejecutó la contratista Neotec “en más de una ocasión en el software del cómputo oficial. Además, “ingresaron al menos 1.575 actas del TREP, cuyos accesos fueron vulnerados al cómputo oficial”.

Como resultado del análisis que fue reconocido por la Unión Europea (UE), el equipo técnico de la OEA identificó “la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de actas electorales, a través de mecanismos muy similares en seis departamentos diferentes y a favor de un único candidato”

Además, un total de 13.176 actas no pudieron ser constatadas con la lista de electores porque este documento fue incendiado. Al no proceder el recuento de votos, resulta imposible tener certeza del número de sufragios emitidos en estas 13.176 mesas.

Escenarios

La reacción de la entidad internacional se produjo dos semanas después de que la Fiscalía disolviera el caso fraude electoral, frenara las investigaciones sobre los ilícitos identificados por la auditoría de la OEA e instruyera el sobreseimiento de las personas procesadas por esos hechos.

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, señaló que la auditoría del organismo hemisférico no era vinculante para la justicia del país, puesto que fue promovido por dirigentes políticos. Defendió el resultado final de la pericia de Bisite, que descartaba “manipulación informática”, y consideró que para que la auditoría de la OEA sea reconocida debía haberse elevado a rango de ley.

“El resultado del informe es vinculante para las dos partes. Corresponde lamentar, por tanto, los permanentes intentos de buscar informes alternativos”, señala el reporte divulgado por la OEA.

“Ya despilfarraron millones en una pericia inútil, entiendan que el monumental fraude de 2019 es imposible de ocultar. Está claro: fue fraude, el mundo lo sabe. ¡Dejen de perseguir y de dañar al país!”, dijo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Mientras que el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, valoró el contenido del informe. “La mentira del golpe y la intención de fiscales serviles de negar el fraude con estudios espurios, se caen a pedazos”, celebró.

El comunicado de la OEA tomó al MAS por sorpresa, pues la mayoría de legisladores y dirigentes del partido no lograron fijar una postura común frente al reporte.

“¿Quién solicitó esa supuesta opinión? Anteriormente se cometió un error en Bolivia, al confiar en una institución para que haga una auditoría que no hizo”, declaró el senador Luis Fernando Flores (MAS), mientras que su colega William Torrez dijo que el reporte de Corchado era idóneo para el país.

El analista político Marcelo Arequipa recordó que “las elecciones de 2019 quedaron sin efecto legal y se realizaron otros comicios en 2020 y, de este modo, el Estado atendió lo más importante del acuerdo firmado con la OEA”.

“Arce es presidente de Bolivia por la auditoría que anuló el fraude de 2019. Si el informe de Salamanca tuviera valor técnico y científico, el presidente sería Evo”, apuntó el expresidente Jorge Quiroga, al celebrar el documento de la OEA, que fue divulgado cuatro días después de la postura asumida por la UE sobre el supuesto “golpe de Estado” .