En la elección de 2019 la ciudadanía boliviana constató que fallecidos votaron, hubieron más votos que votantes habilitados y existieron actas fraguadas con totalidad de votos para el MAS. Descubiertos, Evo Morales y cómplices pidieron que la Organización de los Estados Americanos (OEA) auditara los comicios, planeando corromperla, ganar tiempo, mantenerse y urdir nueva elección verosímil.  

Sin embargo, decenas de expertos de la OEA auditaron y determinaron un monumental fraude electoral, auditoría que fue además respaldada por más de 20 países de la Unión Europea, hechos que determinaron la renuncia de Evo Morales y sus cómplices para luego huir del país.

Hoy, el Ministerio Público (MP), cooptado por el MAS-IPSP, tramita secretamente el proceso penal por fraude electoral (FIS LPZ 19/14592) a fin de falsear la realidad, destruir pruebas y exonerar a Morales y su militancia. El Fiscal General (FG) y su secretario informaron recién el 27/07/21 que contrataron al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca” para realizar la pericia informática del escandaloso fraude. Este Grupo emitió el supuesto Dictamen Pericial de 28/06/21.

Al respecto, el artículo (art.) 75 del Código de procedimiento penal, crea el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) órgano del Ministerio Público, quien cuenta además con el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), exclusivamente autorizados por Ley a fin de realizar “todos los estudios científico-técnicos (.) para la investigación de los delitos”. Por lo que los dictámenes son su competencia exclusiva, bajo pena de viciar al proceso investigativo de nulidad, estando el MP prohibido por Ley para contratar peritajes como el del mentado Grupo.

Ahora bien, el supuesto Dictamen Pericial de 28/06/21 es una prueba ilícitamente obtenida viciada de nulidad toda vez que el art. 205 Cpp dispone que “Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia”. La reglamentación boliviana es constitucional, exige idoneidad en informática acreditada por “título profesional con validez en todo el Estado” (art. 92.III CPE), es decir, mediante Título Profesional en Provisión Nacional (TPPN), según se nos exige a los bolivianos.

Los miembros del Grupo, ilegalmente contratado por el MP para fingirse perito, carecen de TPPN para ejercer en Bolivia. La supuesta pericia de 28/06/21, cuyos improvisados autores no tienen idoneidad conforme al reglamento boliviano, es prueba ilícitamente obtenida viciada de nulidad.

El art. 209 Cpp establece claramente que “Las partes podrán proponer peritos”. En el caso concreto, el MP es sujeto procesal pero no parte procesal, hace su propia pericia (IDIF), por lo que, está prohibido por Ley para proponer peritos como el Grupo, peor aún para contratarlos.

El art. 211 Cpp dispone que los peritos serán citados y tendrán “deber de comparecer y desempeñar el cargo (.), previo juramento”. La citación impone presentarse en La Paz/Bolivia, ante el MP, quien debe tomar juramento. Pero, siendo que el MP confesó que “envió al Grupo (.) los datos del proceso electoral (.), para (.) estudio pericial” (Página Siete; 2021), muy probablemente los fingidos peritos no se presentaron en Fiscalía para jurar previamente, según exige el MP a los bolivianos. Migración puede aclarar la duda. Entre tanto, la supuesta pericia de 28/06/21 es prueba ilícitamente obtenida, viciada de nulidad.

El art. 212 Cpp permite a las partes/consultores “asistir a la pericia y pedir las aclaraciones”. El 213, indica que el dictamen contendrá las observaciones de las partes/consultores sobre cada tema pericial. Pero, dado que la supuesta pericia de 28/06/21 fue practicada en España, entre gallos y medianoche y a la medida de los deseos de Evo Morales, las partes (millones de ciudadanos bolivianos) fueron excluidas, con violación de sus derechos humanos (debido procesamiento/acceso a la justicia), viciando de nulidad la imaginaria pericia de 28/06/21.

En conclusión, el Fiscal General Lanchipa y subordinados deberán responder por la pericia nula que urdieron a espaldas de los bolivianos.

Erick Marcelo Pedrazas López es diputado nacional por Comunidad Ciudadana