Un documento emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA ha ratificado que en las elecciones generales de 2019 se han registrado “acciones dolosas”, lo que, en lenguaje no jurídico, implica que hubo un fraude electoral (el beneficiado fue el candidato Evo Morales). Se trata de la respuesta a la pericia que fue contratada por la Fiscalía boliviana en España, con la que se apresuró a dictaminar el sobreseimiento de los vocales acusados de los actos dolosos.

El reporte tiene nueve páginas, en las que desbarata, no los hallazgos porque son los mismos que los de la OEA, sino las conclusiones de la pericia elaborada por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, que tuvo un costo de 30.000 dólares y que estableció que no hubo manipulación de datos.

El documento de la OEA empieza comparando los aspectos formales de ambos estudios. “El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal (Fiscalía), y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia Fiscalía”, indica. 

Luego identifica 12 deficiencias de la pericia española, ocho omisiones, cuatro contradicciones, además de ratificar la veintena de hallazgos de la auditoría de la OEA en 2019. 

Lo más interesante del caso es que la pericia española también hace los mismos hallazgos, como la existencia de dos servidores ocultos, que el entorno hubiera permitido la manipulación de datos, que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio del TSE, que hubo destrucción de evidencia, entre otros aspectos.

“En síntesis, el informe del análisis pericial (de Salamanca) reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia. A pesar de ello y con base únicamente en una simple comparación de las bases de datos, en el informe se afirma que no existió manipulación. Esta conclusión carece de sustento técnico científico y compromete el grado de profesionalismo de su dictamen pericial”, indica el documento de la OEA.

Por tanto, la Secretaría llega a la conclusión de que “la revisión de las bases de datos de los sistemas que se realizó a pedido de la Fiscalía carece de valor” y, por tanto, se ratifica que las ocurridas en las elecciones de 2019 “son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral”.

La OEA además recuerda que la auditoría realizada en 2019 es vinculante e insta al Estado boliviano a cumplir el acuerdo. El Estado, en este caso, es la Fiscalía que tendría que remitirse a la auditoría de la OEA para seguir adelante con el caso fraude.

Es realmente vergonzoso que el fiscal Juan Lanchipa haya tomado una decisión tan importante basado únicamente en una pericia tan cuestionada. Es decir, la Fiscalía contrató a un equipo extranjero para que investigue su propia investigación, lo que lleva a colegir que en vez de Ministerio Público, esa instancia es juez y parte en este caso.

En su comunicado, la OEA va mucho más allá y advierte que existe un intento por validar “la peor de todas” las elecciones que le tocó observar en Bolivia, lo que califica como “una vergüenza hemisférica. Finaliza diciendo que validar estas irregularidades sería “una afrenta a la democracia del hemisferio”. 

De esta parte del comunicado ya se puede extraer una conclusión política que es hacia donde apunta el MAS, a borrar las irregularidades del proceso de 2019, para terminar de instaurar la posverdad del “golpe de Estado” y, con ello, aplastar a sus rivales políticos que osaron sacarlo del poder e instaurar un gobierno transitorio.