La Cancillería boliviana emitió esta noche un comunicado  en el que acusa al secretario general de la OEA de cometer un acto de injerencia, al pronunciarse sobre la validez de la pericia solicitada por el Ministerio Público a Deep Tech Lab de Bisite y le advierte que no permitirá  “un nuevo intento de acciones desestabilizadoras”.

“Las declaraciones del señor Almagro constituyen un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país, cuestionando un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido”.

“Por ello, el Estado boliviano —agrega— rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático (...) las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar  procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”.

“Las palabras del Señor Almagro no son objetivas, y muestras una conducta parcializada y malintencionada, que inclusive podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura que ostenta”, advierte.

En la comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado “dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano (…) y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro”.

El documento es una respuesta al pronunciamiento de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, que este lunes le recordó a Bolivia que la auditoría que realizó a los comicios es vinculante y pidió al país honrar el acuerdo suscrito hace dos años. De no hacerlo, el Gobierno boliviano actuaría en desapego a los acuerdos del Sistema Interamericano, advirtió.

“Corresponde lamentar —agregó la secretaría en esa comunicación— los permanentes intentos de buscar informes alternativos que, además, dejan en evidencia de manera cada vez más contundente la seriedad, profesionalidad y certeza de los informes presentados por la OEA.

Los resultados del estudio encargado por la Fiscalía General del Estado al equipo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, que concluyó que no hubo manipulación de los resultados de los comicios de octubre de 2019, sirvió de base para que su titular, Juan Lanchipa, anunciara el sobreseimiento de todos los investigados en el caso "fraude electoral", paso previo al archivo de obrados.

Respecto al carácter vinculante de la auditoria, la Cancillería le dice a la OEA que el Estado boliviano cumplió a cabalidad el acuerdo suscrito para auditar los comicios generales de 2019 y que esté fue violado por Almagro, quien dio a conocer los resultados de forma unilateral.

“La auditoría que defiende el Secretario General fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”, dice.

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“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”.

En su nota, la Cancillería asegura que las palabras de Almagro "no son objetivas", y muestran una "conducta malintencionada”.

También le acusa de estar motivado por “intereses mezquinos y sectarios”, sin el consentimiento y por encima de los países que integran la organización regional.

“El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del Secretario General y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”.