Mediante un comunicado, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó este lunes los hallazgos de “irregularidades” en las elecciones de 2019 en Bolivia, luego de que un informe de la Universidad de Salamanca descartó ello, con lo cual el Ministerio Público anunció el cierre del caso Fraude.

En diciembre de 2019, el organismo hemisférico concluyó “que hubo ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”, con los cuales se dio por victorioso al entonces presidente Evo Morales, sin necesidad de ir a una segunda vuelta con su principal rival, Carlos Mesa.

Se “ha tomado conocimiento de un estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia que, según su introducción, analiza la ‘integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia mediante la verificación de la seguridad de la infraestructura y de los registros existentes de la fecha del proceso electoral”, indica el comunicado de este lunes.  

“Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral realizado por la Organización en 2019, y concluye que no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección”.

Y complementa: “El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”.

Remarcó que “a pesar de las profundas deficiencias de este informe pericial, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia resalta que su principal acierto es que confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019. Por ejemplo, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También ratifica que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root2 en TREP y cómputo; la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE); que hubo destrucción de la evidencia; y otros aspectos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones de Bolivia en 2019”.

La auditoría de la OEA en 2019 alimentó el discurso del fraude. Al final, el 10 noviembre de ese año, Morales renunció asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Con el cierre del caso Fraude y el informe de la Universidad de Salamanca, Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ratificaron que hubo un “golpe de Estado”.