El Gobierno defendió este lunes el informe de peritos de la Universidad de Salamanca, España, que establece que en el proceso electoral del 20 de octubre de 2019 no hubo “manipulación de resultados” y anunció acciones contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por injerencia en asuntos internos con “actitudes irracionales e ilegales”.

La dura posición surgió en respuesta al informe de la OEA, emitido a través de su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, que observó el trabajo del equipo de la universidad española y advirtió que la conclusión de que no existió “manipulación de datos” “carece de sustento técnico científico y compromete el grado de profesionalismo de su dictamen pericial”.

“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro”, establece un comunicado de Cancillería.

Sobre la auditoría que defiende Almagro, la realizada al proceso electoral en 2019 y que halló “manipulación y parcialidad”, sostiene que “fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas”.

La Secretaria de la OEA ratificó, por su lado, los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral de 2019.

“El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”, cuestionó la Secretaría del organismo, también en un comunicado.

En el comunicado de Cancillería se lee: “El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las declaraciones de Almagro sobre el proceso electoral boliviano como “acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país”.

“El Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional”, refiere el documento.

Asimismo, se advirtió: “El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del Secretario General y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos”

Según la Secretaría de la OEA, otra “gran diferencia” entre el informe de la organización y el de la Universidad de Salamanca radica en el espectro de información analizado y las fuentes utilizadas.

“En el caso del equipo técnico de la OEA (…) se trabajó de manera independiente con la posibilidad de recopilar información y de entrevistar a una serie de actores relevantes. Lamentamos que los académicos que prepararon este último informe, a pesar de haber analizado y ratificado hallazgos fundamentales de la OEA, no se hayan reunido con el equipo de la organización ni con otros actores que hubieran podido compartir información de gran valía para la realización de un estudio verdaderamente objetivo y completo”.

De acuerdo con la OEA, el informe del análisis pericial reconoce que “fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia”.