La Constitución Política del Estado establece en el Art. 225.I que “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera”. Sin embargo, el servidor Lanchipa como Fiscal General no defiende los intereses de la sociedad, al contrario, incumple con la Constitución y con solo un informe de Consultoría de un docente y dos alumnos de la Fundación de la Universidad Salamanca, cierra el caso de FRAUDE realizado por el cocalero Morales, que al verse descubierto por este delito huyó de Bolivia a México.

El 30 de octubre de 2019, después de 10 días de haberse realizado los comicios declarados nulos por Fraude, el gobierno del ex presidente Morales solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la realización de la auditoría electoral En el Punto 6 del documento se establece que “el resultado del informe de auditoría será VINCULANTE para las dos partes”. En el informe se estableció que hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. “Hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar resultados”, señaló la OEA.

La Fiscalía de manera privada contrató a Juan Manuel Corchado Rodríguez, para la investigación sobre irregularidades en las Elecciones de 2019. Corchado manifestó que no tenían experiencia en temas electorales y que solo realizaron la investigación, sobre datos informáticos, con sus dos estudiantes.

En el Informe de Corchado se identificó tres falencias de la “pericia” para el caso Fraude: 1) se realizó después de un año y medio de las elecciones anuladas por el Tribunal Electoral de 2019. 2) ¿Cómo se puede demostrar que la infraestructura informática y la data se han mantenido intactas desde 2019? 3) Se realizó bajo la “metodología” de la Fiscalía, estudio por el que cobraron $us.30.000.

Lanchipa desestimó el Informe de Auditoría de la OEA, elaborada por más de 30 expertos, “debido que ese estudio incumple estándares”, según el secretario general de la Fiscalía Edwin Quispe. Con esa decisión se dio validez al estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Labo de BISITE, compuesto por un catedrático y dos alumnos sin experiencia en temas electorales.

Primero que la “investigación es extemporánea”, ya que para realizar cualquier acto de impugnación vencieron los plazos procesales de los resultados electorales y una simple Consultoría no puede reemplazar a la Auditoría Vinculante de la OEA, ratificado por los VEEDORES de la Unión Europea que estuvieron presentes en las elecciones de 2019. También la Memoria de la Iglesia Católica establece que hubo Fraude en 2019 y, finalmente, el 24 de noviembre el MÁS aprobó mediante ley la anulación de las elecciones de 2019.

El carácter vinculante del Informe de Auditoría electoral de la OEA, sobre las elecciones de 2019, es un elemento que puede dar paso a la impugnación del sobreseimiento dictado por la Fiscalía al proceso y fundamentar en que esa pericia del grupo no entra al fondo del tema. Y es que solo se limitó a una pesquisa informática, sin tomar en cuenta que el informe de la OEA fue una de las bases para dar curso al proceso por fraude electoral en contra de 12 ex autoridades, entre ellas los vocales del TSE que fueron destituidos por Morales, para que la Asamblea Legislativa los reemplace. Y Además Morales ANULÓ las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se convocó a nuevos comicios.

Finalmente, el Estado boliviano puede enfrentar consecuencias por dejar de lado el carácter vinculante del estudio de la OEA, debido a que, en un futuro, las personas afectadas por la persecución política, que genera un ambiente de inseguridad jurídica electoral, pueden demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y caer el país en sanciones en el ámbito internacional.

Exigimos a Lanchipa su renuncia al cargo, por sus acciones contrarias a la Constitución, que afectan al Soberano y a la credibilidad como Estado.