Las organizaciones sociales afines al Gobierno del presidente Luis Arce se declararon este lunes en «emergencia» ante lo que consideran intentos de «desestabilización» de sectores opositores.

Sectores obreros, campesinos e indígenas emitieron un pronunciamiento junto al presidente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el exmandatario Evo Morales, en respuesta a la movilización de cívicos de oposición que la pasada semana exigieron la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa, y la libertad de los que consideran son «presos políticos».

El manifiesto, que se produce tras una reunión en la que se hizo un balance general de la situación en Bolivia, señala entre sus partes más importantes la «unidad» de los sectores sociales «en defensa de la democracia», el respaldo al Gobierno y la defensa al presidente Arce.

«Nos declaramos en emergencia y estaremos vigilantes ante cualquier intento de desestabilización que se pretenda realizar en el país», se menciona en la parte más importante.

«Decimos a los fachos golpistas (…) no pretendan amenazar a esta mayoría de la población», manifestó la secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Flora Aguilar.

La Ejecutiva de las Bartolinas aludió expresamente a las declaraciones del presidente del comité cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, que la pasada semana dijo en un discurso que la población tiene «la receta para tumbar a un dictador», en referencia a los sucesos de 2019 y la renuncia de Morales a la Presidencia, aunque éste denunció un «golpe de Estado».

«No más golpismos (…) exigimos el respeto a la democracia, no queremos confrontación sino la unidad del pueblo boliviano», dijo a su turno el máximo dirigente de los trabajadores petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez.

El pronunciamiento finalizó sin que Morales tomara la palabra y sin que se admitan preguntas de los medios a los dirigentes.

La polarización en Bolivia por la crisis política y social de 2019 se ha recrudecido en los últimos días entre los sectores afines al Gobierno que señalan que hubo un «golpe de Estado» y los que sostienen que la renuncia de Morales se debió un fraude electoral en los anulados comicios de ese año.

A fines del mes pasado, la Fiscalía presentó una pericia encargada al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España que concluye que «no hubo manipulación» de los resultados en los comicios fallidos de 2019.

Ante esta situación, la entidad de investigación determinó el cierre del caso llamado «fraude electoral» y levantó los cargos contra los principales acusados, a pesar de que una auditoría de 2019 de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció irregularidades «muy graves» y recomendó nuevas elecciones.

Esta jornada el organismo hemisférico emitió un comunicado en el que reiteró los resultados de la auditoría y que la pericia encargada por la Fiscalía se refiere «única y exclusivamente» a temas informáticos y que «no abarca otros asuntos de suma importancia».