“ La criminalización como un medio de censura y persecución política es uno de los mayores síntomas de debilidad de la institucionalidad democrática en el país. En las últimas décadas, los gobernantes de turno han hecho recurso fácil del sistema de justicia, vulnerando gravemente su institucionalidad, para enfrentar a individuos, organizaciones o movimientos críticos, sean opositores políticos o no”, señala un pronunciamiento del Observatorio de Defensores/as de Derechos de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social).

 El Observatorio de Defensores/as de Derechos de Unitas identificó tres declaraciones de autoridades violatorias de las libertades fundamentales que buscan la autocensura de quienes sostienen y argumentan la narrativa del fraude electoral en Bolivia. 

El 26 de julio, Adolfo Flores,  jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo, declaró que el “exceso de democracia” en Bolivia estaría “permitiendo posiciones sediciosas” en sectores críticos al Gobierno. La declaración del senador Flores, dice el comunicado, incluye un mensaje amenazante contra estos sectores.

El 28 de julio, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió que utilizar el concepto de “fraude” conlleva responsabilidades, puesto que “es una presunción falsa que ha generado convulsiones y movilizaciones que han puesto en zozobra a Bolivia”. 

El 3 de agosto, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que las personas que asistieron a las reuniones efectuadas en la Universidad Católica Boliviana San Pablo los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 “participaron de manera delincuencial, ilegal y contraria a la Constitución”.