La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó la veracidad y seriedad del informe auditoría sobre irregularidades en los comicios generales de 2019 elaborado por esta instancia internacional y advierte sobre deficiencias en la pericia encargada por la Fiscalía a una universidad española.

Mediante un comunicado, esta organización señaló que ha tomado conocimiento de los estudios encargados por la Fiscalía a la parte informática de los comicios del 2019 y reafirmó todos los hallazgos planteados en su momento.

“Habiendo analizado el documento, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la secretaria general de la OEA se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo, así como de reiterar los hallazgos del análisis de Integridad Electoral realizado por la organización en 2019, y concluye que no es ni será posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección” señala parte del comunicado.

En este documento se destaca que, a pesar de las deficiencias de la pericia encargada por la Fiscalía, existen coincidencias cuando se señala que existieron graves fallas en materia informática.

“A pesar de las profundas deficiencias de este informe pericial, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia resalta que su principal acierto es que confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019” sostiene.

Señala que existen varios otros aspectos que no se tomaron en cuenta por este último estudio, hecho que hace que el informe de auditoría de 2019 cuente con mayores respaldos.

“El análisis realizado por el equipo técnico de la OEA reveló, además, que la cadena de custodia de las actas fue extremadamente frágil, que los traslados se hicieron de manera heterogénea y sin las medidas de seguridad correspondientes. Se observó, asimismo, que no se respetaron los protocolos previamente establecidos”, indica.

Se señala como conclusión que nunca se podrá tener confianza en esta elección, por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material. De las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas.

“Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral. Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio” finaliza.

Tras este comunicado, los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa expresaron criterios que resaltan la postura del organismo internacional y señalando que la teoría del supuesto golpe de Estado se cae a pedazos.

“OEA ratifica el informe de la misión de observación que evidenció el gigantesco fraude electoral masista de 2019. La mentira del golpe y la intención de fiscales serviles de negar el fraude con estudios espurios se caen a pedazos. La verdad se impone” indicó Mesa.

Por su parte Quiroga reitero que este informe fue encargado y aceptado por el Gobierno de Morales “OEA rebate ‘pericia’ y ratifica conclusiones de su Auditoría Integral Vinculante sobre manipulación dolosa, hecha el 2019, respaldada por Evo Morales, el MAS y reconocida por la Unión Europea. Arce es Presidente de Bolivia por auditoría que anuló fraude de Octubre de 2019” expresó.

PERICIA ESPAÑOLA

Después de que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó su informe de las elecciones de 2019, el Gobierno, mediante la Cancillería, reivindicó a la pericia española que encargó la Fiscalía sobre el caso fraude electoral y advirtió a Luis Almagro que no permitirá “acciones desestabilizadoras”.

“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación, de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio, que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro”, dice el pronunciamiento de la Cancillería.