Al caer la noche del  jueves 24 de octubre concluyeron los cómputos departamentales, en función de los cuales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consolidará el cómputo y resultados nacionales. Para consumar esta tarea, empero, debe esperar a que se repita la votación en cuatro mesas electorales del departamento del Beni que fueron anuladas por algunas irregularidades.

El cuarto senador del Beni podría cambiar de color político si las ánforas del nuevo sufragio modifican el balance entre las fuerzas políticas hasta ahora registrado por el Órgano Electoral. Por el momento, ese cuarto senador se habría adjudicado Comunidad Ciudadana (CC), aunque con una diferencia de sólo 60 votos entre el segundo divisor de CC y las papeletas conseguidas por 21F; brecha que, por cierto, podría ser modificada cuando esas cuatro ánforas entreguen su dictamen el siguiente domingo.     

Teniendo en mente esa posible variante, veamos la composición política de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyos detalles no dependen de la realización de la segunda vuelta. Los datos registrados en el cuadro adjunto a esta columna, excepción hecha del caso beniano, se consolidarán con los informes de los tribunales departamentales.

En la Cámara de Diputados, el MAS habría conquistado 68 curules del total de 130; es decir, el 52% del total de miembros. La autonomía masista para conducir el funcionamiento de esta instancia legislativa, por tanto, parece estar garantizada una vez que el TSE confirme los datos del cuadro. Cabe destacar, por otro lado, que CC sumaría 50 diputaciones, cuyo peso relativo será ligeramente superior al 38% de la instancia. 

La Cámara Alta, por su parte, funcionará con 21 senadores salidos de las disciplinadas tiendas masistas y 15 enviados por Comunidad Ciudadana, cuya continuidad y desempeño futuros es todavía un tema por verse. En esta Cámara, la solidez del MAS se anuncia aún mayor, puesto que su bancada ocupará algo más del 58% de sus mecanismos de poder y control internos. 

Consecuentemente, la gobernabilidad del Órgano Legislativo parece estar garantizada. En cambio, la estabilidad del gobierno nacional y de la administración pública depende del desenlace de la convulsión social y política que atenaza al país. Depende de ese desenlace, porque lo que está en cuestión es la titularidad del Órgano Ejecutivo y sus relaciones con el Legislativo.

Si la querella termina con la apertura de la segunda vuelta electoral, y en ella resulta triunfante Carlos Mesa, las previsibles tensiones entre la ALP y el Ejecutivo tenderán a obstaculizar el funcionamiento de la administración pública y, peor aún, la efectividad de las políticas públicas. Y todo ello en un momento en que la economía no cesa de enviarnos indicadores preocupantes que exigen respuestas gubernamentales precisas y ágiles, además de adecuadas, por cierto. 

El panorama, por supuesto, cambiaría sustancialmente si el balotaje no se lleva a cabo. El alineamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo sería inmediato, acompañado de importantes acciones fiscalizadoras impulsadas por las fuerzas de oposición.

Es esta prospectiva la que deben evaluar las fuerzas sociales y políticas que vienen manteniendo en alto la denuncia del fraude electoral y la demanda de habilitar la segunda ronda nacional de sufragios. 

La denominada Coordinadora de Defensa de la Democracia está obligada a realizar un diagnóstico cuidadoso del escenario político entregado por las ánforas el 20 de octubre. 

En última instancia, el desenlace del conflicto depende de la solidez y pertinencia de los elementos probatorios de la comisión del “gigantesco fraude electoral”, calificado así por Carlos Mesa. Y si los instrumentos y análisis develadores del fraude tienen esa consistencia, la Coordinadora, recién y positivamente, creada, tendrá que enfrentar y decidir sobre el dilema de fondo, dada la composición anunciada de la Asamblea Legislativa e irrefutablemente demostrado el fraude: ¿cuál es la mejor salida para el país? ¿Insistir en la segunda vuelta o exigir la anulación de las elecciones?