El titular del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, no logró explicar si la instancia que preside reconoció o no a Jeanine Áñez como jefa del Estado, a pesar de que en 2020 sí la avaló como mandataria con un voto aclaratorio y la invitación a un acto en la ciudad de Sucre. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) refuerzan su teoría de que en el país hubo “golpe de Estado” con el rechazo del TCP a un comunicado público que difundió esta entidad, después de la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

“Hay comunicados que tienen distintas características, hay algunos internos que solamente son para suspender alguna actividad. Las conclusiones las sacará el Ministerio Público en el marco de la investigación que está llevando adelante, yo no soy el fiscal como para dar cuenta de cuál será la conclusión a la que puedan arribar”, afirmó Franco.

En la semana se difundió un informe que mandó el TCP al Ministerio Público en el que establece que “no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.

En ese comunicado de noviembre de 2019, los magistrados del TCP reconocían que había un vacío de poder frente a las renuncias de las principales autoridades del Estado: Evo Morales como presidente del Estado; Álvaro García como vicepresidente; Adriana Salvatierra, que era titular del Senado; y Víctor Borda, presidente en Diputados. “Considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país y el vacío de autoridad que han dejado las renuncias a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, así como de las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados”, decía ese pronunciamiento de 2019.

En referencia a esa posición, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se produjo un “golpe de Estado” seguido de una autoproclamación a la primera magistratura del país. “Nunca hubo reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a la autoproclamación definida en reuniones fuera del Legislativo”, resaltó la autoridad.

Cambio de versiones

Ahora el panorama cambia con decisiones que se tomaron en el pasado. Nueve magistrados del TCP firmaron un documento legal en enero de 2020. Este archivo va a contracorriente de lo que el actual TCP envió a la Fiscalía. Se trata de la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0001/2020 del 15 de enero de 2020. Ese documento tiene dos resoluciones sobre la constitucionalidad de la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas.

“(Declara) la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del proyecto de la Ley 160/2019-2020 ‘CS’, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, de los Órganos del Poder Público del nivel central (Órganos Ejecutivo y Legislativo) y de las autoridades electas de los Órganos Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Autónomos del nivel subnacional; conforme a los fundamentos, razonamientos y argumentos jurídico constitucionales contenidos en la presente Declaración Constitucional Plurinacional” señala el documento oficial del TCP.

Sobre este punto, Franco ayer no pudo explicar y se cerró al señalar que él no es fiscal y que ahora el caso está en manos del Ministerio Público. El presidente del TCP se refiere al caso del supuesto “golpe de Estado”.

“Yo no soy el fiscal como para dar cuenta de cuál será la conclusión a la que puedan arribar”, sentenció el presidente del TCP.

La Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 001/2020 hace referencia al proyecto de ley que se estaba gestando en la Asamblea Legislativa. Según el documento, el 15 de diciembre de 2019, la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, envió una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley que planteaba la prórroga del mandato de todas las autoridades electas porque su mandato fenecía el 22 de enero de 2021.

El artículo 1 de esa iniciativa legal señalaba: “La presente ley tiene por objeto, excepcionalmente, prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional”, en ese entonces Jeanine Áñez era la mandataria y en su declaración constitucional los magistrados declararon “constitucional” este artículo.

Al respecto, Williams Bascopé, abogado constitucionalista, afirmó que con esta declaración el TCP admitió la constitucionalidad de Áñez como presidenta del Estado y aclaró que las declaratorias son instrumentos legales al interior del TCP.

Según las propias autoridades del TCP, esta entidad emite tres tipos de fallos: la sentencia, la declaración y el auto constitucional, que son los documentos legalmente válidos.

Ahora, el Tribunal Constitucional se dio la vuelta y expone a la Fiscalía que no hay documentos legales que hayan avalado la presidencia de Áñez.