En los últimos tres meses, la legación de la Unión Europea (UE) ensayó sin éxito una fórmula para acercar al MAS y a los opositores con la perspectiva de acordar una agenda mínima de reconciliación. Estaba en carpeta una reforma a la justicia y el respaldo a las acciones para esclarecer y sancionar la vulneración de derechos humanos en la crisis política de 2019.

Ayer, en momentos en los que el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional (TCP) emitieron señales para dejar sin efecto cualquier acción legal contra las irregularidades que denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios de 2019, el bloque europeo emitió un comunicado, con el respaldo de sus respectivas embajadas, para desmentir al Gobierno y al MAS sobre acusaciones de “golpe”.

El pronunciamiento surgió tres meses después del inicio de los ataques contra el papel que jugó la UE y la Iglesia católica en las negociaciones políticas de 2019, que permitieron un período de transición hacia nuevas elecciones generales. En 2020, Luis Arce y David Choquehuanca (MAS) ganaron los comicios con el 55,11%, frente al 28% que obtuvo Carlos Mesa, quien lidera la alianza Comunidad Ciudadana.

“La delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado”, señala la primera parte del documento que fue divulgado ayer poco después del mediodía.

La respuesta del MAS y del Gobierno no fue inmediata, aunque el ministro de Justicia, Iván Lima, ya había ratificado, durante la mañana, la postura de rechazar la legalidad de la transición que lideró la expresidenta Jeanine Áñez. La autoridad espera que el TCP anule la “legalidad de la sucesión constitucional” en los términos que se produjo en 2019.

De hecho, ya existe un recurso planteado por la exdiputada Margarita Fernández (MAS) para de tener un dictamen y que sume un argumento legal en favor del “golpe”.

Nueve magistrados del TCP suscribieron la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 del 15 de enero de 2020. El documento tiene dos resoluciones sobre la constitucionalidad de la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas.

Pero la Fiscalía requirió un informe del TCP sobre la validez del “comunicado” que emitió el 12 de noviembre de 2019, cuando Áñez asumió el poder. Lima aseguró que ese documento no fue legal y ayer, en Sucre, el presidente de este tribunal, Paul Franco, evitó corroborar ese criterio. “Nosotros emitimos varios comunicados y en este caso, el tema está siendo investigado por la Fiscalía”, manifestó el magistrado.

Áñez asumió la Presidencia en un momento de desgobierno y convulsión social que estalló tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019. Un día después, el líder del MAS se refugió en México y luego en Argentina, donde permaneció hasta que Arce ganó los comicios en noviembre de 2020.

El MAS pidió al Ministerio Público investigar los sucesos que marcaron el supuesto “golpe de Estado”. En ese contexto, Áñez fue detenida en marzo y varios actores políticos del MAS acusaron a la Iglesia y a la UE de haber conspirado contra la democracia del país. El 9 de mayo, Morales comenzó con las acusaciones dirigidas al papel de la UE durante las conversaciones políticas de 2019.

El bloque no respondió a esos ataques hasta que el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, señalara, en una declaración formal en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que las reuniones en la Universidad Católica Boliviana donde se produjeron las conversaciones para pacificar el país “fueron delincuenciales” y que “todos los participantes deberían responder ante la justicia”. Fue el hecho que antecedió al comunicado, pues hasta ese momento, las acusaciones vinieron de actores políticos.

“Lo mejor que puede hacer el procurador es callarse y hablar con personas de la Iglesia que le pueden dar la mejor información”, afirmó ayer Jesús Juárez, arzobispo emérito de Sucre, mientras que el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Ricardo Centellas, dijo que “la Iglesia volverá a reunirse para poder pacificar al país cuando sea necesario”.

“En noviembre de 2019, la UE, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluidos representantes de MAS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país”, dice el comunicado emitido ayer.

La UE recordó al Gobierno de Luis Arce que existe una relación bilateral de hace mucho tiempo y que se logró forjar “relaciones fructíferas y diversas, basadas en un diálogo bilateral sostenido”.

“La Unión Europea manda un duro mensaje al gobierno, desmintiendo la existencia de un ‘golpe de Estado’ y ratifica el objetivo democrático de las reuniones de noviembre de 2019”, afirmó el líder de CC, Carlos Mesa, a través de su cuenta en Twitter.