Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 09 de agosto de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
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El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció ayer que en tres oportunidades lo llamaron a nombre del presidente Evo Morales para pedirle negociar un precio a cambio de frenar las protestas en ese departamento. El Gobierno negó esa versión y le exigió al líder cruceño que presente pruebas.
“Hoy he recibido tres llamadas de distintas personas enviadas por el presidente Evo Morales, poniendo precio a esta medida y poniendo precio a los intereses que yo, como empresario, tengo para poder callar las voces del pueblo (...) Si el presidente Evo Morales se quiere reunirse conmigo, lo va a hacer al pie del Cristo Redentor y delante de todos los cruceños”, sostuvo Camacho.
Manifestó que al Gobierno le preocupa la movilización cruceña. Asimismo, afirmó que sus sorpresivos interlocutores le hicieron saber que también “están negociando con Cochabamba y La Paz para que Evo siga siendo Presidente”.
Acotó que su respuesta fue tajante: “El pueblo no tiene precio”, como tampoco la libertad y la democracia, afirmó, y agregó que la única condición para levantar las medidas de presión es la segunda vuelta.
Asimismo, aseguró que había una orden del Ministro de Gobierno para que la Policía salga a “reprimir” a los manifestantes. Esta declaración también fue rechazada por Carlos Romero.
El ministro acusó a Camacho de hacer circular audios en redes sociales denunciando este hecho. Dijo que vehículos con altavoces recorrieron barrios de Santa Cruz pidiendo a la ciudadanía cruceña que salga a resistir esta supuesta intervención.
Romero manifestó que “quizá por su inexperiencia” Camacho estaba cometiendo “errores”. Afirmó que el líder cívico mentía y que la labor de las fuerzas del orden era sólo de contención para evitar daños a edificios de instituciones del Estado.
Desde el lunes, la ciudadanía cruceña se moviliza en las calles de la capital en rechazo a los resultados de las elecciones ante los indicios de fraude. Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo Electoral suspendió el trabajo del sistema TREP.