El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tuvo la misión de investigar la vulneración de los derechos humanos durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 llegará al país y entregará su informe a las víctimas de Senkata el próximo 16 de agosto.

“Los vamos a recibir en la iglesia San Francisco. Ellos se contactaron con nosotros y acordamos que entregarían el informe ese día”, informó a EL DEBER David Inca, presidente de  la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto.

El GIEI entregó el 23 de julio en Washington, en la embajada de Bolivia ante la OEA, el informe final sobre la crisis de 2019. Según el acuerdo firmado con el país, el Gobierno tuvo 10 días para hacer comentarios; el plazo que vence hoy.

Inca señaló que no recibió ninguna comunicación del Gobierno, pero sí conversó con este grupo de expertos convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“A lo mejor el presidente Luis Arce lo presente mañana en su mensaje por el día de la patria; no es oficial, pero creo que es posible. Pero a lo que nosotros nos importa es que cada una de las familias van a tener acceso a ese reporte”, afirmó Inca.

El activista de El Alto explicó que se espera conocer el plan de “reparación integral de daños” que presentará la GIEI y aclaró que este tema no pasa solo por el resarcimientos económico a los familiares y víctimas de la violencia, pues abarca muchos aspectos.

“Se deben asumir acciones integrales para las familias. Desde ayudas psicológicas y empleo, hasta medidas para respaldar la memoria determinando días específicos o la nominación de plazas y parques para no perder la memoria”, precisó Inca.  

El grupo de especialistas investigó los sucesos que afectaron a Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, un periodo en el que se desarrollaron las elecciones nacionales que luego fueron anuladas por el fraude verificado por la OEA y que provocó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El MAS asegura que hubo un “golpe de Estado” y promovió acciones legales para probar los delitos que tienen que ver con este extremo. Una docena de exjefes militares, dos ministros y la expresidenta Jeanine Áñez están detenidas acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

En Senkata fallecieron una decena de personas a raíz de disparos con armas de fuego y otro grupo resulto lesionado el 19 de noviembre de 2019, luego de una intervención militar y policial. Ese día, una protesta bloqueó los accesos a una planta de procesamiento de YPFB.

El gobierno de entonces, precisamente a cargo de Jeanine Áñez, aseguró que la medida de presión de los vecinos de Senkata pudo hacer estallar esas instalaciones.

Durante la crisis de 2019 fallecieron 37 personas, incluyendo la de dos cívicos ocurridas en Montero, y se registraron denuncias contra grupos afines al MAS que salieron a defender el mandato de Evo Morales, quien se presentó a las elecciones nacionales de ese año a pesar de las limitaciones constitucionales y los resultados de un referéndum que le prohibieron postularse a una nueva reelección.