Agregó que los jueces que son denunciados por corrupción y responden al sistema oficialista no son objetos de investigación ni de procesos ni sanciones.

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El exmagistrado del TCP y abogado constitucionalista, José Antonio Rivera. Foto: Internet

La Paz, 8 de agosto (ANF). – El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y  abogado constitucionalista, José Antonio Rivera realizó una evaluación sobre la situación de la justicia en nueve meses de gobierno de Luis Arce y afirmó que las llamadas telefónicas desde Palacio de Gobierno e instrucciones del Ministerio de Justicia imperan más que las normas de la Constitución Política del Estado, las leyes para resolver los casos.

Rivera afirmó que el Órgano Judicial está sumido en una profunda crisis estructural que se caracteriza por la ausencia de la independencia de jueces y magistrados, que en algunas situaciones  responden a consignas políticas para resolver los casos.

“Tenemos magistrados y jueces que responden a consignas políticas y resuelven los casos sobre criterios subjetivos, sobre simpatías y antipatías, sobre afinidades políticas.  Las llamadas telefónicas de Palacio de Gobierno, las instrucciones desde el Ministerio de Justicia imperan más que las normas de la Constitución, las leyes y la verdad material de los hechos”, afirmó el jurista.

Detalló que la justicia sigue caracterizada por una retardación crónica que no cumple los plazos. Dijo que un proceso penal como máximo debería demorar tres años, sin embargo en la actualidad lleva más de 10 años, mientras que en material civil un juicio que ahora lleva un promedio de 12 años debería ser solo dos años.

“Se cree que la justicia tarda, pero llega. Si llega tarde ya no es justicia, simplemente es injusticia. De acuerdo a las normas vigentes el proceso penal máximo debería concluir en tres años, el promedio para que termine un proceso en Bolivia normalmente es de 10 años. En materia civil un proceso no debería tardar más de dos años, pero el promedio es de 12 años”, explicó.

Remarcó que en materia constitucional donde está en juego los derechos constitucionales y humanos de las personas, una acción de libertad debía ser despachada en 30 días hábiles, pero en la práctica se está despachando en un año y medio, entonces “hay una crónica retardación de justicia”.

“Hay una ausencia de transparencia, los ciudadanos no tenemos acceso a una información fluida, objetiva, transparente de la organización, el funcionamiento de la administración y la impartición de la justicia (…).Los procesos son públicos, hay permanentes denuncias de corrupción y manipulación que no son investigados ni sancionadas.”, cuestionó durante el análisis difundido en un video.

Agregó que los jueces que son denunciados por corrupción y responden al sistema oficialista no son objetos de investigación ni de procesos ni sanciones.

“Hay una permanente violación a los derechos humanos, primero el acceso a la justicia, Bolivia que tienen 339 municipios apenas 180 municipios cuentan con juzgados el resto carece de un sistema judicial”, indicó.

Por otro lado, el profesional aseguró que no se respeta el derecho a la presunción de la inocencia.

“Se presume la culpabilidad especialmente en esta persecución con fines políticos desplegados contra líderes políticos, ciudadanos que tienen una opinión contestataria y critica respecto al régimen. Las cárceles están llenos de detenidos preventivamente, de cada 100 presos, 80 están con detención preventiva no con sentencia condenatoria ejecutoriada, no se respeta el derecho al debido proceso y la defensa se permite juzgar”, argumentó.

Indicó que hay “mala calidad del servicios”, donde los jueces dictan fallos totalmente “inmotivados sin sustentos ni una correcta valoración, fallos donde no nos explican ni nos dan razones porque están decidiendo. Tenemos un Órgano Judicial que no cumple el rol ni el papel para resguardar el estado de derecho, estamos transitando de un estado democrático a uno autocrático”, finalizó.

/ANF/NVG