El plazo para la entrega del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), durante la crisis postelectoral de 2019, se cumplió y mientras se espera que el Gobierno difunda los resultados de la investigación, las organizaciones de víctimas tienen listas cinco medidas que asumirán, sea cual fuere el resultado, para lograr ‘justicia’.

Se trata de procesos legales, a nivel nacional e internacional, así como un juicio de responsabilidades contra exautoridades. Una de las denuncias será en EEUU contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo por las muertes de más de una treintena de bolivianos durante los conflictos que se generaron tras la renuncia de Evo Morales. Se suma el pedido de un resarcimiento económico, que de acuerdo a la jurisprudencia que rige en el país podría alcanzar a los $us 100.000 y si se acude a instancias internacionales, como el caso de Goni, llega al millón.

Según el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, el documento, con sus recomendaciones, en términos de diplomacia, es de cumplimiento obligatorio del Estado. Esa es la parte vinculante, tomando en cuenta que Bolivia forma parte de los acuerdos por los derechos humanos.

LAS ACCIONES

La primera medida, según Inca, que se podrá encontrar en el informe, es un plan integral de reparación y ayuda a las familias, la misma que debe pasar por una ley y llegar a la Asamblea Legislativa.

Actualmente se tiene un proyecto de ley preparado, pero por ahora está en suspenso. Servirá para lograr una reparación en lo social que contempla obtener becas universitarias, trabajo, vivienda, atención médica, un homenaje y la reparación de la dignidad. Este último punto es considerado importante porque “en el imaginario de la población, todos los alteños son vándalos, salvajes y terroristas”.

A nivel psicológico también se requiere un abordaje especializado no solo a los heridos sino a las familias de los fallecidos y víctimas de torturas. 

En lo que se refiere a una reparación económica, señaló que debe ser un juez quien lo decida. Será la sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia que decida el monto, aunque cree que puede llegar hasta los $us 100.000 por víctima, todo dependiendo de los protocolos de Derechos Humanos. A su vez, dijo que, en caso de llegar a la Corte Interamericana, existe jurisprudencia para estos casos, donde las familias reciben hasta $us 1 millón.

La otra acción está dirigida hacia Murillo porque, según el abogado estadounidense Tomas Becker, que también acompañó a las víctimas de Octubre Negro en 2003 o Guerra del Gas, la Constitución Política del Estado señala que la ley internacional tiene prioridad si hay violaciones, por lo que en este caso existe la posibilidad de iniciar un juicio en EEUU, donde actualmente radica la exautoridad. Comparó este caso al de Gonzalo Sánchez de Lozada que enfrenta un proceso en la justicia norteamericana.

LOS PROCESOS

Uno de los primeros pasa por encaminar el inicio de procesos judiciales en el país. 

“Con el informe se nos allana el trabajo burocrático y basta y sobra para exigir el cumplimiento de derechos. Al recibir una copia apretaremos las clavijas al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría, jueces y policías”, indicó Inca. 

Recordó que el informe del GIEI, de acuerdo a protocolo de trabajo, detallará los tipos penales infringidos y los nombres de los posibles autores, ya sean de jerarquía civil, policial o militar.

“Las víctimas se van a adherir a los procesos que se inicien o, caso contrario, agarrar este documento y judicializarlo”, manifestó.

Dijo también que serán tres tipos de sugerencias que saldrán del informe a nivel civil, penal y administrativo, además de una especial para un juicio de responsabilidades. 

La segunda medida, que ya se tiene lista, está dirigida a las tres bancadas que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se trata de una carta para solicitar audiencia a los diputados y senadores de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) para explicarles el por qué se debe votar a favor de un juicio de responsabilidades. 

La tercera acción, es llegar a las instancias internacionales. 

“En caso de que la Asamblea eligiera el no, entonces creemos que ese voto evitará el acceso a la justicia y acudiremos a la justicia internacional. Iremos a la Corte Interamericana o la Corte Penal, pero necesitamos que nos comuniquen formalmente la decisión”, acotó.

Por su parte Becker recordó que existe mucha prueba directa y el informe será conclusivo.

Apuntes

Investigación

• Por las muertes en Senkata, tres exjefes militares se encuentran detenidos mientras que por Sacaba son dos, un excomandante de la institución castrense y otro de la institución verde olivo.

• La Fiscalía inició un proceso de investigación, en diciembre de 2019, por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves. 

• Según el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, las acciones legales se realizaron bajo la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presentó un informe preliminar sobre lo sucedido.

• Para el activista de derechos humanos, a un año y ocho meses, aún falta la conclusión de la investigación. Recordó que en diciembre de 2019 inicia la investigación y recién en septiembre de 2020, antes de las elecciones, la Fiscalía volvió a movilizarse, esta vez con el rostro más amable. 

Becker: se espera dejar atrás polarización y debate de 2019

El abogado estadounidense Tomas Becker cree que el informe del GIEI ayudará a Bolivia a superar el tema de la polarización. Espera que el documento sirva para la reconciliación de los bolivianos.

“Me preocupa que hay una división muy fuerte por lo que es importante mostrar lo que realmente pasó y ya no haya tanto debate. Ahora la meta debe ser la justicia para las víctimas y seguir avanzando unidos”, sostuvo.

Por otro lado, reconoce que también será importante para la comunidad internacional que está expectante a lo que sucede en el país y tiene posiciones divididas. 

“Ven que Áñez violó los derechos humanos, pero también tienen sus dudas y quieren más pruebas. Este informe será de gran utilidad”, acotó.

Becker lamentó que hasta ahora no se haya avanzado en el tema de justicia y ayuda a las víctimas desde el gobierno de Áñez hasta el de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

ÁÑEZ Y GONI

Por otro lado, Becker comparó a los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jeanine Áñez y dijo que tienen al menos dos cosas en común.

Recordó el Decreto Supremo 27209 de Goni, que en su artículo primero establecía la militarización de la ciudad de El Alto, que derivó en muertes y en el caso de Áñez, fue el Decreto 4078 que permitía a las Fuerzas Armadas (FFAA) participar en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública y que el personal estará exento de responsabilidad penal. 

“Hasta la comunidad internacional presentó una carta expresando su preocupación sobre este decreto ilegal y esto es similar al caso de Goni”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al discurso de los exmandatarios y de su entorno que culparon a las víctimas de lo sucedido pese a que existen al menos siete informes que dicen todo lo contrario. Recordó las investigaciones de Human Rights Watch; de la clínica de derechos humanos de Harvard; de Amnistía Internacional; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas; la Defensoría del Pueblo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y un grupo de abogados de Argentina. Se suma, ahora, el informe del GIEI.