A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas han declarado, como prioridad en la gestión 2021, la redefinición de un nuevo “contrato social” que, con justeza, brinde la oportunidad concreta a las poblaciones indígenas de participar en todas las decisiones como un actor fundamental dentro de la sociedad. La reconciliación entre Estados y pueblos indígenas se constituye en el horizonte buscado, que se materialice en la formulación de nuevas reglas de relacionamiento y garantía para el ejercicio de derechos, que resulten del diálogo, el consenso y la participación, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

La lucha por el ejercicio pleno de los derechos indígenas aún tiene mucho camino por recorrer, no obstante los escenarios pasados de limitada participación política. Bolivia es sin duda muestra clara de grandes avances en ese sentido. La autonomía indígena originaria campesina (AIOC) ha pasado de ser una aspiración y un cúmulo  de concepto académicos a materializar experiencias concretas que, con luces y sombras, están definiendo nuevas realidades y aportando a la formulación de nuevas concepciones de gestión, convivencia y en general, en nuevos caminos para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de la democracia intercultural.

Las experiencias de Charagua Iyambae (Santa Cruz, 2017), Raqaypampa (Cochabamba, 2018), Uru Chipaya (Oruro, 2018) y Salinas (Oruro, 2019) han hecho que la autonomía indígena originaria campesina (AIOC) se vista de pantalones largos. Gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada de Suecia en Bolivia, se ha impulsado entre 2017 y 2020, un proyecto que ha contribuido substancialmente al desarrollo de cada AIOC, respetando sus características particulares, dando énfasis a la participación de mujeres, jovenes e indígenas, así como en la promoción de procesos de diálogo intercultural como estrategia central para el desarrollo de un Estado plurinacional con vocación autonómica.

Este proyecto tuvo la fortuna de acompañar un proceso de inflexión dentro del Estado boliviano en su camino hacia la inclusión. Se ha promovido, en los hechos, el reconocimiento de formas diferentes de prácticas democráticas y de gestión territorial a partir de normas y procedimientos propios. En concreto, la materialización de la “democracia intercultural”, primer paso para la construcción de las condiciones del nuevo “contrato social”, constituye más que nunca, un camino ineludible en la reducción de las desigualdades y el ejercicio pleno y efectivo de derechos.

Más allá de la riqueza que la experiencia en sí misma representa, el proyecto de autonomías indígenas ha puesto en la mesa del debate, elementos que plantean reflexiones de fondo sobre la forma en la cual lo indígena es asumido como una componente fundamental de la democracia, la gobernanza y la cohesión social. 

A diferencia de lo impulsado por la autonomía tradicional, en este caso, la titularidad del derecho, en términos jurídicos, reside en el sujeto colectivo y en el ejercicio de su derecho a regularse a sí mismo, yendo más allá del concepto de político administrativo territorial. El concepto de territorio adquiere, sin embargo, protagonismo fundamental al momento de reflexionar sobre libre determinación y autogobierno (va más allá de la cualidad gubernativa). El espacio físico define la forma en la cual las autonomías indígenas se estructuran en sí mismas y configuran una nueva división política a nivel local.

Un elemento importante para comprender el desarrollo de las autonomías indígenas en Bolivia hace referencia a la diversidad de formas en el ejercicio político e institucional. En otras palabras, como se concibe, construye y ejerce la democracia bajo las formas comunitarias, donde el concepto de participación y decisión comunitaria es la base de toda práctica de ejercicio de poder.

Bajo una concepción ecléctica, los gobiernos indígenas han tenido suficiente visión de integrar elementos de institucionalidad indígena y estatal tradicional. Esto como recurso concreto para dinamizar la relación con el Estado Central y otras formas de ejercicio de gobierno. 

La experiencia lograda con los GAIOC en Bolivia es, en concreto, el laboratorio donde se innovan y validan experiencias concretas de acceso y ejercicio al poder político y a la gestión administrativa, enmarcados en la libre autodeterminación y el ejercicio de derechos. Es sin duda un proceso que debe continuar, pero que marca las referencias básicas necesarias para poder avanzar hacia la constitución de ese nuevo ordenamiento funcional, territorial, político y social del Estado, que deberá expresarse en mejoras reales en las condiciones de vida de los pueblos y naciones indígena originario campesinas, en concreto, mostrar avances en la satisfacción de sus demandas y necesidades y en la atención de sus agendas históricamente postergadas o instrumentalizadas por otros intereses. El desafío está planteado y los retos futuros son múltiples.