Recuerdo que, en mayo de 2021, una poderosa militante del MAS criticaba a los funcionarios públicos que no cumplían con “el aporte del 10% de sus sueldos mensuales, que eran destinados al instrumento político” (sic). En estos primeros días de agosto, el III Congreso Orgánico Estatutario del MAS, aprobó una escala de aportes para sus militantes que son empleados públicos. Los que ganan menos de Bs 10.000 deben aportar el 1% mensual; de Bs 10.000 a Bs 20.000, el 2%; los que ganan más de Bs 20.000 el 3%; y aquellos que no están en función pública debe pagar una contribución simbólica de Bs 1 mensual.

Se sabe hasta ahora que el MAS está saneando y legalizando algunos documentos jurídicos para cumplir ciertos requisitos que le impusieron las autoridades electorales. Si esto es así, entonces cabe suponer que el partido de Gobierno está en la tarea de cumplir la ley y transparentar su accionar político. Entre las reformas estatutarias se incluyó un articulado que establece fuertes sanciones para los que no paguen sus aportes, inclusive pueden ser sospechosos de estar en la línea de la derecha. Así dijo el líder cocalero que se adueñó del MAS, tratando de transmitir un mensaje de disciplina partidaria, que en el mejor de los casos compromete al partido a asegurar el puesto de trabajo al militante aportante. Se trata pues de una contraprestación, porque el que no aporta no tiene derecho a trabajar bajo la protección del manto azul.

El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes y la planilla mensual representa uno de los gastos más onerosos que tiene la administración pública, según datos a febrero de 2020. Sin estar muy equivocado, voy a suponer que solo el 10% del aparato estatal está ocupado por funcionarios azules y que cada uno de ellos gana un promedio de Bs 5.000. Entonces, los cajeros del partido de gobierno reciben mensualmente algo de 2.600.000 de bolivianos mínimo, y algo de 31.200.000 bolivianos al año, bajo el concepto de aportes. A esta cantidad se le deben agregar los Bs 42.114.000 que aportan los dependientes de las empresas estatales, cuya planilla reúne a 35.095 empleados y que ganan en promedio menos de Bs. 10.000 cada uno.

Con esos datos he llegado a la conclusión de que el MAS recibe cada año por lo menos 10 millones de dólares en aportes que obtiene a empellones, sin rendir cuentas a nadie. No entran en mis cálculos los servidores públicos de las alcaldías y gobernaciones, y menos los militantes que ganan más de Bs. 10.000, porque con estos aportantes la suma se podría triplicar fácilmente.

Por lo general, se tiene muy bien entendido en el ámbito tributario boliviano que todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, incluidos los partidos políticos, tienen que emitir factura por el cobro de las cuotas mensuales o periódicas pagadas por sus socios o miembros. Por tanto, el partido de gobierno debe emitir factura por cada aporte mensual de sus militantes, estando gravadas estas operaciones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), que deben ser pagados a favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de forma mensual. Además, estos ingresos anuales deben estar registrados en sus respectivos estados financieros, elaborados de forma transparente para justificar una eventual exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

El SIN ya debería aclarar la trascendencia tributaria de los aportes a los partidos políticos, mucho más si se trata de pagos mensuales que son cubiertos con retenciones forzadas de dinero sobre los salarios de los servidores de la administración pública, que también son objeto de gravamen con el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA). A todos los dependientes, ya sean del sector público o del privado, se les exige justificar sus gastos mensuales a través del descargo con facturas. Los aportes a los partidos políticos son gastos que deberían estar respaldados por facturas.

Sería un desastre fiscal que el partido de gobierno goce de un tratamiento especial para opacar sus ingresos y dejar de pagar impuestos, como normalmente lo hacen la totalidad de las organizaciones civiles por muchísimo menos dinero.

Más sombrío sería que el MAS se convierta en el paradigma de la defraudación tributaria, si sus militantes en la función pública coaccionan puntualmente a todos los bolivianos a pagar impuestos. Irónicamente diría que a esto se le llama “reserva moral”.