El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, evitó referirse este jueves al comunicado emitido en 2019 sobre la presidencia de Jeanine Áñez y dejó a la Fiscalía investigar sobre su efecto y si se aprobó en sala plena.

Mientras tanto el abogado Williams Bascopé recordó la declaración constitucional que emitió el 15 de enero de 2020 sobre dos artículos de la ley de prórroga de mandato de la Presidenta y de las autoridades subnacionales electas. En esa ley se habla del mandato “constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional”.

“Yo no puedo emitir ningún juicio de valor, el juicio de valor y conclusiones las va a extraer el Ministerio Público de toda la documentación que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional”, respondió Franco consultado sobre el efecto legal del comunicado y si se aprobó en sala plena.

En respuesta a un requerimiento de la Fiscalía sobre el comunicado de noviembre de 2019, el TCP aclaró que “en cuanto a los efectos jurídicos, todo comunicado tiene carácter general y no particular, pues lo que transmite o difunde es información”. En ese comunicado se recuerda que “(…) el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

Actores políticos se apoyaron en ese documento para defender la constitucionalidad del mandato de Áñez, quien asumió el poder como resultado de un diálogo convocado por la Iglesia Católica y la Unión Europea a poco de la renuncia de Evo Morales, presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

Este jueves también circuló la declaración constitucional que emitió el 15 de enero de 2020 sobre dos artículos de la ley de prórroga de mandato de la Presidenta y de las autoridades subnacionales electas. Se amplió el mandato como consecuencia del COVID-19 que impidió acelerar las elecciones.

En esa norma, declarada constitucional, se habla del mandato “constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional”. Bascopé aseguró que ese fallo valida la legalidad del mandato de Áñez, encarcelada por el caso golpe de Estado.

La exdiputada del MAS Lidia Patty planteó la demanda que busca encontrar responsables en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales. Por este caso, Áñez, dos de sus exministros y exaltos mandos militares están en la cárcel.

También se amplió o fraccionó la demanda de golpe de Estado por denuncias de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, porque Áñez asumió la presidencia del Senado, luego la Presidencia de Bolivia, sin cumplir con preceptos constitucionales. La Procuraduría del Estado pidió la ampliación.