El movimiento golpista que llevó a Hugo Banzer al poder comenzó en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971 y culminó en La Paz el día 21, dando inicio a un septenio sobre el que se hace necesario refrescar la memoria colectiva al cumplirse los 50 años.

Derechos Humanos. El sacerdote y activista Federico Aguiló, en consonancia con las denuncias del propio Jaime Paz Zamora ante el Tribunal Russell y las de la COB ante la ONU y la OIT, hizo cálculos numéricos de lo que fue la represión fascista en aquellos tiempos (Nunca más para Bolivia, Cochabamba, 1993). Las cifras de Aguiló admiten precisiones y ampliaciones, como las que hizo la Comisión de la Verdad, pero nunca fueron desmentidas: detenidos, 3.059 personas (15% mujeres y 85% varones); residenciados y confinados, 1.259; exiliados forzosos, 663; torturados, 125 (25 de los cuales no vivieron para contarlo); muertos y desaparecidos en enfrentamientos y masacres, 429 (por lo menos 24 cayeron en la universidad de Santa Cruz); en lo que se llamó la Masacre del Valle de 1974, figuran 78 personas; asesinatos políticos, 39.

Terrorismo de Estado. René Zavaleta Mercado afirmó que la función de la represión no se dirigía solamente a enfrentar a quienes resistían al régimen, sino que también buscaba la implantación de “horizontes de referencia”, o sea que el modelo banzerista generalizaba el terror como un movimiento de reconstitución ideológica.

Inicialmente Banzer declaró vigente la Constitución de 1967, “en todo aquello que no contradiga el espíritu y naturaleza del Gobierno Nacionalista y sus realizaciones” (D.S. 09875, 7 de septiembre de 1971). Esto le permitió manejar el país discrecionalmente con “decretos-leyes” (parlamento ya no existía desde 1969). Se aprobaron normativas autoritarias como la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana (sin vestigios de autonomía) y decretos que autorizaban detenciones políticas por “el tiempo que fuere necesario”.

La libertad de expresión, de hecho, fue suprimida y se implantó una suerte de autocensura en los medios. Una buena parte de la planta profesional de los periodistas, reporteros y radialistas fue víctima de despidos, persecuciones y destierros. Las radioemisoras mineras fueron víctimas de asaltos y clausuras.

Del mismo modo, los derechos de libre asociación fueron en la práctica ignorados o pisoteados. Los únicos partidos políticos permitidos fueron, en la primera etapa, los dos aliados del gobierno, el MNR y la FSB.

Violencia, represión y fraude. El 9 de noviembre de 1974, Banzer lanzó una serie de nuevos decretos instaurando un “Nuevo Orden” que prohibía formalmente toda actividad política, disolvía los sindicatos y promovía la nominación directa de “coordinadores” sindicales por el Ministerio de Trabajo. Las cosas debían permanecer sin alteración hasta 1980, año en el que la dictadura anunciaría medidas constitucionales.

Pero, soplaban nuevos vientos desde el norte y la resistencia popular por la democracia había horadado los cimientos de la dictadura. Una masiva huelga de hambre, iniciada en La Paz a fines de 1977 por un grupo de mujeres mineras a favor de una amnistía irrestricta y el retorno de todos los exiliados, le dobló la mano a Banzer. De ahí en adelante su régimen se desmoronó sin remedio. Convocó a elecciones adelantadas en 1978, pero organizó un inmenso fraude para favorecer a su candidato Juan Pereda, exministro de Gobierno.

“El banzerismo había surgido con la violencia, se había mantenido con la represión y quería perpetuarse con el fraude”, sostuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en una publicación contundente e irrefutable.

Cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidades en el Congreso, recapitulando los desmanes represivos y el manejo de los recursos del país como un botín, los militares banzeristas lo condenaron a muerte. García Meza y Arce Gómez ejecutaron la sentencia asesinando a Marcelo el 17 de julio de 1980.