Hoy, 6 de agosto, la Patria está de cumpleaños y, lejos de recibir mensajes de reconciliación y unidad, tendrá que resignarse a la confrontación entre sus hijos. El MAS ha pisado el acelerador a fondo en su arremetida en contra de todos los actores de la transición de 2019 y tiene prácticamente el cerco judicial cerrado. Entre los pocos actores que aún no han desfilado por la Fiscalía están los representantes de la Iglesia y de la Unión Europea, pero no por eso se han salvado de las amenazas y ataques.

En los últimos días, se han suscitado algunos hechos que demuestran que el oficialismo no aflojará la persecución en contra de sus opositores. Algunas de esas acciones las citamos a continuación.

1. El denominado caso golpe ha sido “desdoblado” para justificar la permanencia de Añez en la cárcel más allá de los seis meses. Así es que tendrá que permanecer presa al menos otro medio año, es decir, hasta febrero de 2022.

2. La Fiscalía ha sobreseído a todos los acusados del caso fraude electoral basada en una pericia estadística contratada en España. El estudio, según ha reconocido su propio autor, tiene limitaciones y, lo más importante, ha descubierto lo mismo que la OEA, es decir, que hubo el corte del TREP y que se detectaron dos servidores no previstos. Pese a eso, la pericia española estableció que no hubo manipulación de datos, es decir, no hubo fraude. 

3. Aunque parezca inverosímil, el mismo Tribunal Constitucional que el 2019 avaló la sucesión constitucional de Añez mediante un comunicado en el que hizo conocer la jurisprudencia del caso, ahora emitió una carta en la que resta valor a lo dicho y ratifica que fue solamente un comunicado redactado por un funcionario intermedio y que no tiene valor legal. Lo más importante de este hecho es que horas antes, la temible Lidia Patty amenazó con 30 años de cárcel al magistrado Petronilo Flores por haber avalado la sucesión de Añez en 2019. 

4. En los últimos días se ha producido, además, una arremetida en contra de la Resistencia Juvenil Cochala, vulnerando varios derechos, entre ellos, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque dos de sus miembros –Tonchy Bascopé y Milena Soto- fueron prácticamente secuestrados en la calle para ser procesados en Sucre por haber pintarrajeado el frontis de la Fiscalía.

5. Lidia Patty pide además que la Fiscalía impute y aprehenda al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el denominado caso golpe. Pero, no sólo eso, sino que el MAS lo amenaza con otro proceso por el tema tierras.

6. Los vocales departamentales del Órgano Electoral que fueron designados por el gobierno de Añez fueron destituidos. La arremetida contra el OEP además llega al Tribunal Supremo Electoral, con una demanda penal instaurada en contra de cuatro vocales nacionales por haber habilitado la candidatura de Manfred Reyes Villa.

7. Los actores políticos que participaron en las reuniones de pacificación en 2019 fueron llamados a declarar en la Fiscalía, entre ellos, el expresidente Carlos Mesa y los políticos José Antonio Quiroga y Luis Vásquez.

8. Militares de alto rango están siendo juzgados por el caso golpe de Estado y por las masacres de Sacaba y Senkata.

9. Policías están siendo procesados internamente por el motín de 2019.

Bolivia, como muchos países del mundo, está sufriendo el duro embate de la pandemia del coronavirus y la crisis económica, sin contar la deficiente educación que están recibiendo jóvenes y niños, como para tener que soportar la confrontación política alentada por el gobierno de Luis Arce.

El país, que hoy recuerda su fundación como República, estaría agradecido que sus gobernantes se enfoquen a atender estos problemas estructurales en vez de estar invirtiendo esfuerzo y dinero público en fabricar causas, informes y narrativas.

Al contrario de ese deseo quimérico, el oficialismo ha optado por vengarse de todos y cada uno de los que le reemplazaron en el poder en 2019 y, manipulando a la Fiscalía y a la justicia, además, está limpiando la hoja de vida del expresidente Evo Morales.